Por: corresponsales locales.
San Andrés Peten, 1 de junio 2017. Representantes de la comunidad 2 de Junio asentados en la Laguna Larga, confirmaron que las autoridades gubernamentales autorizaron la orden de desalojo para todo la comunidad, poniendo en riesgo a las familias que la habitan, especialmente a mujeres y niños.
A pesar que recientemente el día 30 de mayo de 2017 el Comité Central con el apoyo de ACCODIL y Bufete jurídico de Derechos Humanos presentaron un Recurso de Amparo en la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Poptún, Petén para detener los desalojos violentos.
La población en el departamento de Peten, vieron movilizar a varias patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC), están en el Municipio de San Benito y San Andrés Petén afirmaron varios testigos.
La información que llego de varias comunidades que vieron el traslado de agentes de la PNC está relacionado a dos desalojos autorizados por la Juez B del Juzgado Pluripersonal de delitos contra narcoactividad y delitos contra el ambiente, ubicado en San Benito Petén, quien dio la orden de ejecución al Juzgado de Paz de San Andrés Petén para realizar los desalojos a pesar de las acciones legales realizadas por las comunidades en riesgo.
En la comunidad Laguna Larga hay alrededor de cien familias con un aproximado de seiscientos personas, para el día viernes 2 de junio de 2017 está confirmado y autorizado ese desalojo, mientras que para el 14 del mismo mes, está previsto el siguiente desalojo en la comunidad La Mestiza de Laguna del Tigre.
Las comunidades entregaron al Estado de Guatemala, una ruta para la resolución de la problemática en la Sierra Lacandona, en la Laguna del Tigre y otras comunidades, pero instituciones con el CONAP en Peten insisten en criminalizar a las comunidades y en perseguirlas penalmente o desalojarlas.
El día 31 de mayo de 2017 hubo una reunión durante la mañana en las Instalaciones del Juzgado de San Andrés Petén, participaron las diferentes instituciones del Estado y elementos de la PNC, en dicha reunión con seguridad realizaron los preparativos para los dos desalojos.
Los comunitarios están muy preocupados, ya que temen que se realice el desalojo de forma violenta y estas familias puedan quedar a la intemperie, expuestos a cualquier peligro y en total abandono por el Estado.
Es importante mencionar que en 2009 éste mismo organismo judicial autorizó el desalojo de la comunidad Centro Uno ubicado en la ruta a Bethel en Sierra Lacandón. Desde esa fecha hasta el día de hoy estas familias siguen viviendo en las calles, a orillas de la comunidad el Retalteco en condiciones inhumanas y degradantes, sin acceso a la salud, educación, vivienda.
En total violación a los derechos humanos, su intimidad y dignidad como personas y ciudadanos de este país.
Los desalojos como herramienta de represión
Este tipo de medidas han demostrado no ser eficaces para la solución de conflictos sociales, al contrario son acciones que vienen a empeorar las condiciones de vida de las familias, pues el Estado no tiene una respuesta para proporcionarles tierra ni reubicación a las comunidades afectadas, empeorando eso sí la situación social y económica de las familias, contribuyendo al desempleo y desnutrición entre otros.
Hasta el momento, los proceso de desalojo son tramitados por jueces penales y nunca las comunidades son tomadas como partes interesadas en los procedimientos penales, vulnerando flagrantemente los derechos a la defensa, al debido proceso, a una defensa técnica, a participar en el proceso.
Esto representa un sistema de justicia totalmente débil, parcializado, aplicando una normativa sin objetividad, dejando en entre dicho el estado de derecho.
La Organización de las Naciones Unidas en resolución A/HRC/4/18, publicó las PRINCIPIOS BÁSICOS Y DIRECTRICES SOBRE LOS DESALOJOS Y EL DESAPLAZAMIENTO GENERADOS POR EL DESARROLLO. Dichos principios deberían ser considerados por el sistema de justicia en Guatemala, los cuales incluyen tomar en cuenta reubicación voluntaria de la población a desalojar y prepararles condiciones mejores de vida para llevarlos a otros lugares previamente aceptados por las familias.
¿Qué pasó con la Mesa Técnica de alto nivel?
El 28 de septiembre de 2016 las comunidades de Laguna del Tigre y Sierra Lacandón presentaron una Propuesta Alternativa de Desarrollo Integral y Sostenible enfocada a solucionar la problemática de estas comunidades, especialmente con alternativas de sostenibilidad.
El 4 de noviembre de 2016 la Comisión Presidencial de Diálogo instaló oficialmente la Mesa de Alto Nivel entre el Estado de Guatemala y las comunidades de Laguna del Tigre y Sierra Lacandón.
Lo extraño es que a pesar de existir una mesa de diálogo de Alto Nivel las Instituciones como el Ministerio Público, Consejo nacional de áreas protegidas y jueces, han procedido a tramitar los desalojos, lo que difiere entre lo que se dialoga a alto nivel con instituciones del Estado y lo que se hace en realidad en las instituciones del Estado en Petén, se demuestra una vez más que el Petén sigue siendo aislado no solo del apoyo a la población sino también de sus propias instituciones.
En varias citaciones en el Congreso de la República las instituciones del Estado se comprometieron a detener la represión en contra de las comunidades, a realizar la mesa técnica de dialogo y a detener las ordenes de captura de los líderes comunitarios. En realidad nada de esto les interesa.
Durante una detención arbitraria el 28 de marzo 2017 fue detenido Jovel Tobar un dirigente comunitario de la Laguna del Tigre, Jovel llego a San Benito Petén para denunciar durante un foro las violaciones de los derechos humanos que estan viviendo las comunidades afectadas en la Sierra Lacandona y la Laguna del Tigre, minutos más tarde estando en el mismo municipio la fiscal general Thelma Aldana fue detenido de forma arbitraria por agentes de la PNC. Detienen a defensor de la naturaleza, después de salir del congreso ambiental organizado por el organismo judicial
La acciones legales
El día 30 de mayo de 2017 el Comité Central con el apoyo de ACCODIL y Bufete jurídico de Derechos Humanos presentaron un Recurso de Amparo en la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Poptún, Petén.
Argumentando que estos procesos penales de desalojo son realizados sin tomar en cuenta a las comunidades y además ponen en peligro los derechos a la educación, a la vivienda, a la salud, a la integridad física y psicológica de las familias, violentando los derechos a la niñez y la adolescencia. Así mismo se argumenta la cantidad de años que tienen las comunidades de haberse establecido en el lugar y que tienen un reconocimiento tácito por parte de varias instituciones del propio Estado.
Además la comunidad Laguna Larga presentó un amparo de forma individual para evitar ser desalojados.
Se espera que la Corte dé con lugar los amparos interpuestos y se resuelva a favor impidiendo la inminente violación a los Derechos Humanos que de ser desalojados dichos derechos es imposible que se puedan restituir.
“Las comunidades, ante los desalojos, amenazas de desalojo, detenciones ilegales, quema de cultivos, ranchos, asedio en puestos de control militar y de CONAP, y por toda la desigualdad imperante, que históricamente hemos soportado, decidimos presentar el 28 de septiembre de 2016 una Propuesta Alternativa de Desarrollo Integral y Sostenible, al Estado de Guatemala.”[1]
[1] Comunicado de las comunidades de Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón. 23 de marzo 2017.
