En medio de la crisis política de la Universidad de San Carlos, el Consejo Superior Universitario (CSU), junto a Walter Mazariegos Biolis, nombraron una comisión de diálogo integrada por quienes están señalados de promover y participar en el fraude en la elección a rector, son de plena confianza de Mazariegos y han atacado abiertamente a estudiantes, docentes y trabajadores en resistencia contra el fraude.
Por Nelton Rivera
Walter Mazariegos Biolis -exdecano de la Facultad de Humanidades-, ordenó, el 27 de julio, la creación de una comisión de diálogo, integrada por cuatro consejeros del CSU y varios trabajadores administrativos. Todos, señalados de estar vinculados al fraude en la elección a rector y la mayoría de ellos denunciados penalmente en el Ministerio Público (MP), por los delitos de -abuso de autoridad y nombramientos ilegales-.
Una fuente en la Universidad que pidió el anonimato, vía telefónica, confirmó que ha sido un representante de docentes ante el CSU, quien han estado cabildeando el diálogo entre los demás consejeros. Explicó que durante la sesión de ayer únicamente se votó para establecer esta comisión, sin mayores acuerdos, pero que algunos consejeros podrían nombrar a Berner García del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para que la presida.
Una segunda fuente consultada refiere que en este momento el CSU opta por una comisión, no para resolver la crisis, si no para conseguir que el personal de algunas unidades, puedan ingresar a los centros tomados por cuestiones administrativas. Un informe -REF. DIGA-447-2022- dirigido al CSU el 27 de julio por Luis Pedro Ortíz, nuevo director de la Dirección General de Administración DIGA, traslada esos elementos en el contenido del informe.
La lista de consejeros está integrada por: Milton Giovanni Fuentes, representante del Colegio de Arquitectos; Urías Amitaí Guzmán, representante del Colegio de Economistas, Contadores Públicos, Auditores y Administradores de Empresas; Berner Alejandro García, representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) ante el CSU y Oscar García Orantes, representante estudiantil de la Facultad de Derecho.
Mazariegos además designó a Erick Estuardo Tejeda Bonilla, jefe de División de Recursos Humanos; y a Astrid Elizabeth García Castillo, directora de Asuntos Jurídicos de la Universidad.
La creación de la comisión tomó por sorpresa a la comunidad universitaria organizada, que desde el 27 de abril han demandado la nulidad del proceso de elección a rector, la destitución de Walter Mazariegos y la convocatoria a una nueva elección, y no una mesa de diálogo.
Al final de la noche, Jordán Rodas Andrade, Procurador de Derechos Humanos, en un programa en vivo dijo sobre la creación de esta comisión, que no se puede dialogar con personas que promovieron el fraude, además pidió sentido común a Mazariegos, quien de facto usurpa la Rectoría. El excandidato a rector por el grupo SOS USAC, dijo que ese tipo de estrategias no funcionaron en el pasado y ahora menos.
Cómplices de Mazariegos y participes del fraude
De los cuatro consejeros designados a dicha comisión, se sabe que forman parte de la fracción dentro del CSU que apoyan a Walter Mazariegos, y que participaron de las acciones que provocaron la crisis que supera los primeros tres meses de protesta; paros académicos, la toma de todos los centros de la Universidad en el departamento de Guatemala, incluido el Campus Central y la toma de varios centros regionales departamentales y nueve amparos en las cortes que no han sido resueltos.
En el caso de Erick Tejeda, el jefe de la División de Recursos Humanos ha atacado al estudiantado que mantiene la toma del Campus Central. Un mes atrás Tejeda acompañado por un grupo de administrativos y del Departamento de Procesamiento de Datos, acusaron públicamente a estudiantes, docentes y trabajadores de un supuesto sabotaje del sistema informático de la universidad. En la conferencia de prensa del 24 de junio, Tejeda frente a un grupo de medios de comunicación afirmó que debido al “sabotaje”, no podrían realizar los pagos a los trabajadores. Varios días después el sistema informático, sin ninguna explicación, volvió a funcionar.
De Astrid García Castillo, abogada y recientemente nombrada directora de Asuntos Jurídicos y del Tribunal Electoral del CANG, fue señalada por SOS USAC de haber beneficiado a Walter Mazariegos desde ese departamento, en complicidad con Luis Fernando Cordón Lucero -ahora secretario general de la Universidad- quién previo su nombramiento era jefe de García.
En un reportaje de Plaza Pública, se le señala que ambos bloquearon dictámenes que perjudicaban a Mazariegos, incluso, dice, que evitarían que Mazariegos participara en el proceso de elección a rector. También se reveló que realizaron varios dictámenes que perjudicaron a diez electores de la Facultad de Agronomía -docentes, estudiantes y profesionales, y cinco cuerpos electorales más de los cuerpos electorales de los colegios Estomatológico, Químico Farmacéutico, Medicina, Arquitectura, con estas acciones Cordón y García habrían beneficiado a Mazariegos.
A la directora de Jurídico, Astrid García y al nuevo secretario general de la USAC, Luis Fernando Cordón, no es casual entonces que hayan sido nombrados por el mismo Walter Mazariegos. A ambos se les señala de estar vinculados con el abogado Ragde Rivera, asesor legal de la USAC, cuñado de Cordón y quien obtuvo este año Q3 millones asignados en el presupuesto nacional a favor de una oenegé Instituto de Justicia Ciudadana (Injuci), de la cual es fundador.
