La exfiscal anticorrupción Siomara Sosa denunció a la fiscal general por supuestamente negarle el acceso a información pública sobre programas informáticos que se usaron para extraer correos e información usada en casos donde se le persigue penalmente.
Por Alexander Valdéz
El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la solicitud de antejuicio promovida por la abogada Claudia González, en representación de la exfiscal anticorrupción Siomara Sosa, en contra de la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.
Sosa denunció a la fiscal general, porque no le dio acceso a información pública sobre programas informáticos de la División de Análisis Criminal (DAC) y de la División de Análisis Criminal (DICRI), que se utilizaron para sustraer correos electrónicos e información que está siendo utilizada para perseguir penalmente a la exfiscal.
La justificación para no informar acerca de los programas informáticos fue que es “información reservada”. Sin embargo, a criterio de la denunciante, la decisión del ente investigador no cumple con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
“Se deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública y no como arbitrariamente fue resuelto por la Unidad indicada y por la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, pues la información solicitada es de carácter público y por ende debe ser proporcionada; sin embargo, se obstaculizó y se limitó el derecho a tener acceso a dicha información”, alega la denunciante.
CSJ protege a fiscal general
A diferencia de denuncias presentadas contra actores anticorrupción, en este antejuicio, los magistrados resolvieron que no era viable tramitar el antejuicio porque a su criterio es “espurio y político”, por esa razón lo rechazaron sin entrar a conocerlo.
“Esta CSJ concluye que la denuncia fue promovida por razones espurias, debido a la falta de elementos de razonabilidad suficientes a pesar de la existencia de documentación adjunta; además de ilegítimas, por haberse denunciado actos propios del ejercicio de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, por lo que no cumple con los requisitos necesarios para su viabilidad, siendo innecesario remitir el expediente al Congreso de la República de Guatemala, estimándose procedente rechazar in limine las diligencias promovidas”, dice la resolución.
Una fiscal criminalizada
Siomara Sosa, fue subjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Investigó el caso Lago de Amatitlán, Odebrecht, entre otros casos de corrupción que alcanzaron a altos funcionarios del desaparecido Partido Patriota.
En febrero del 2022, fue capturada junto a la exmandataria de la CICIG Leily Santizo, ambas estuvieron en “prisión provisional”, casi un mes, hasta que fueron ligadas a proceso por un delito menos grave. Se les detuvo por haber hecho una petición de conexión de un caso en el que se les vinculó.
Semanas después de la primera captura, el MP abrió otro caso contra ella por supuestas irregularidades en la investigación de Odebrecht. El año pasado también denunció coacción del fiscal de asuntos internos, que intentó convencerla para que declarara contras sus excompañeros de la FECI.
