Funcionario del MP niega que se coaccione a trabajadores para que manifiesten apoyo a Porras

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Créditos: Arte Prensa Comunitaria
Tiempo de lectura: 3 minutos

 

Trabajadores de Quetzaltenango que prefieren no ser identificados señalan presiones por autoridades del MP para que muestren su apoyo a Consuelo Porras. El vocero del MP niega que se haya pedido apoyo a nivel institucional para enviar mensajes a favor de la fiscal general Consuelo Porras.

Por Mirna Alvarado

El 8 de mayo pasado, en redes sociales, circularon capturas de pantalla de los mensajes que llegaron a los celulares de varios empleados de la fiscalía distrital del MP en Quetzaltenango. En dichos mensajes se les coaccionaba para tomarse una fotografía y financiar con su dinero una manta en apoyo a la fiscal general Consuelo Porras.

“En ningún momento se ha solicitado o girado una instrucción institucional al respecto. Se desconoce si el personal está organizando dichas acciones, sin embargo, de ser así, están en su legítimo derecho de hacerlo.  Ya la fiscal general emitió su mensaje, durante el cual se pudo advertir las muestras de apoyo y respaldo generadas por los fiscales presentes durante la actividad”, dijo el portavoz del MP, Moisés Ortiz.

Según testimonios recabados, los fiscales distritales han estado presionando a los subalternos para que sigan ciertas directrices. Aquellos que se resisten a cumplir con estas normas enfrentan represalias y discriminación laboral, expresaron.

“La presión es mucha, hay mucha tensión, no tenemos libertad para expresarnos en contra de estos flagelos, no hay a donde quejarse porque hasta el sindicato está a favor de la jefa (Consuelo Porras)”, dijo una empleada que prefirió el anonimato por temor a las represalias internas.

Las presiones para manifestar apoyo a Porras empezaron el 7 de mayo, luego de la conferencia de prensa que dio la fiscal general en la sede central de la institución en la ciudad capital de Guatemala en la cual, rodeada por varios fiscales, acusó al presidente Bernardo Arévalo de buscar controlar el trabajo del Ministerio Público al pedir una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Con dicha reforma el mandatario busca la remoción de Porras quien ha sido incluida en la lista de actores corruptos y antidemocráticos, dada a conocer por Estados Unidos.

Desde el silencio rechazan las presiones

Raúl Reyes laboró hasta el año pasado en esa institución, afirma que renunció por hacer un comentario sobre los plantones de la población en 2023 que, exigían la renuncia de la jefa del MP. “Aumentar mis horas de trabajo fue el castigo, por lo general el horario de salida es a las cuatro de la tarde, pero en mi caso dejaba la oficina hasta las ocho o nueve de la noche, debía revisar más de 100 expedientes”, señaló.

Esas acciones continúan de acuerdo con otros empleados. Una de las metas de la fiscal es adquirir el sello ISO y lo utilizan como pretexto para justificar las horas extenuantes de trabajo cuando uno se rebela, comentan empleados que prefieren no ser identificados.

“Quienes se han opuesto a las directrices, han sido trasladados a otras agencias, hay compañeros que incluso fueron enviados a otros departamentos, digamos que de Quetzaltenango los mandan a Quiché, los de Suchitepéquez a Chiquimula, de punta a punta casi, a nadie le gusta eso porque implica alejarse de la familia y pagar alquiler de vivienda”, menciona otra fuente.

Otra fuente anónima a lo interno del MP indicó que un día después de la publicación de los mensajes en redes sociales, se les indicó a los trabajadores de la fiscalía distrital de Quetzaltenango, que se encontraban bajo investigación para determinar quién filtró la información. “Todos estamos en riesgo, no queremos perder nuestro empleo, por eso preferimos callar, no tenemos a donde denunciar”, refirió.

La sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos también juegan un papel crucial en la vigilancia y defensa de la independencia judicial en Guatemala.

“No es de extrañar que se ejecuten esta clase de intimidaciones hacia los empleados del MP, si hablan los despiden y la situación económica del país no es la mejor para una persona se quede sin empleo. La Inspectoría de Trabajo debe empezar las averiguaciones de oficio en este caso y al menos dejar un precedente”, comenta Percy Aguilar integrante del colectivo de profesionales que recolecta firmas para que la jefa del MP renuncie.

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