Créditos: Corte de Constitucionalidad
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El magistrado presidente, Néster Vásquez, resolvió limitar el acceso a la información para “mantener el resguardo” de los magistrados ya que, según la resolución, en los últimos meses se han incrementado las amenazas en su contra.

Por Isela Espinoza

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió declarar bajo reserva por siete años la información relacionada con la seguridad de los magistrados, según la resolución 01-2024 publicada en el Diario de Centroamérica. En el texto, la CC señala que la decisión se debe a “amenazas reales y tangibles contra la integridad de los magistrados”.

Actualmente, la VIII magistratura está conformada por los titulares: Néster Vásquez, presidente; Leyla Lemus, Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Héctor Pérez Aguilera, quienes gozan de seguridad personal con guardaespaldas y vehículo blindado. Mientras, los magistrados constitucionalistas suplentes son: Claudia Paniagua, Juan José Samayoa Villatoro, Walter Jiménez Texaj, Luis Alfonso Rosales Marroquín y Rony López Contreras.

Según una publicación de Vox Populi, entre 2023 y 2024, la CC gastó Q6.4 millones en compra y blindaje de vehículos para uso personal de los magistrados. Además, bajo el argumento de “riesgos y temor a sufrir ataques”, se blindarían cinco camionetas para uso de los magistrados titulares por un monto de Q1.4 millones. Las camionetas fueron adquiridas en 2023 por un monto de Q2.2 millones.

La resolución con fecha de 19 de junio, resalta que Néster Vásquez en su calidad de presidente de la CC “se encuentra facultado” para tomar las acciones que permitan “mantener el resguardo de las funciones asignadas” a los magistrados.

“Durante los últimos meses, se ha dado un incremento de incidentes que han constituido amenazas reales y tangibles contra la integridad de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad lo cual ha provocado la interposición de denuncias penales, solicitudes de apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado y la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el otorgamiento de medidas cautelares; todo ello en resguardo de la integridad de los afectados”, se lee en texto como parte de los antecedentes para emitir la resolución que limita el acceso a la información.

El documento agrega que los aspectos a clasificar bajo reserva son:

  • Descripción de los esquemas de seguridad de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad
  • Identificación del personal que presta seguridad personal a los magistrados
  • Descripción del tipo de armamento que porta el personal de seguridad de los magistrados
  • Descripción de las asignaciones de vehículos a los magistrados de la CC

“Esta información es generada por la Corte de Constitucionalidad y se encuentra en resguardo en la Dirección Administrativa y Dirección Financiera de este Tribunal”, añade.

En los últimos años, la CC ha sido cuestionada por sus resoluciones a favor de actores vinculados en casos de corrupción. Además, sus fallos han anulado las acciones del Movimiento Semilla, partido político que llevó a la presidencia a Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

En el marco de la conformación de las Comisiones de Postulación para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones, el presidente de la CC ha sido vinculado con la Agrupación Solidaria de Profesionales Afines (ASPA). Esta planilla ganó seis puestos para integrar ambas postuladoras. Según Pro Justicia, esta planilla representa la fuerza gremial del “Pacto de corruptos”.

Vásquez adquirió poder gremial cuando fue magistrado de la CSJ (2014-2021). Fue presidente de esa corte para el periodo 2018-2019. En el año 2021, fue elegido magistrado titular por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

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