Por Andrea Rabanales*
No quiero ser malinterpretada, me apasiona mi profesión, pero a veces me da vergüenza decir que soy abogada. Cuando me preguntan a qué me dedico, complemento el “soy abogada” con “doy clases” o “fui bombera” como queriendo con ese extra de información exculparme por las muchas malas decisiones que mi gremio ha tomado en la historia del país. Pero lo cierto es que soy abogada, de esas que votan cuando el colegio profesional le convoca.
El pasado 21 de junio fue uno de esos días. Voté con plena conciencia de la responsabilidad que tengo con la sociedad.
Me estresó caminar entre la gente que intentaba, en el último instante, convencerte de votar por su planilla. También me generó estrés a la salida, intentar recordar nombres de antiguas compañeras y compañeros del mundo abogadesco que me topé. Pero esta vez, después de votar, algo raro me pasó cuando volví a casa. De repente la -no poco frecuente- sensación de vergüenza no estaba presente. Esta vez fue sustituida por esperanza.
Esperanza porque estamos despertando poco a poco como gremio. Está despertando nuestro interés por cuestionar, por exigir, por activarnos. Está despertando en nuestras entrañas la indignación que moviliza, la que te hace valiente y te quita el miedo.
Y aunque la elección de representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para integrar las Comisiones de Postulación ya culminó, nuestro deber como gremio no ha terminado.
Ahora corresponde que las personas que ejercemos la abogacía y quienes ya ostentan una judicatura (siempre y cuando cumplan con los requisitos legales de capacidad, idoneidad y honradez) presenten sus expedientes para ser considerados en la integración de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones del país.
En ese sentido, la elección de magistradas y magistrados de las altas Cortes es crucial, pues no solo determina las personas que encabezarán uno de los tres organismos del Estado, sino también a quienes suelen tener la última palabra en la aplicación de las leyes para decidir controversias que afectan la vida, la libertad y el patrimonio de las personas en todo el país.
Las Cortes son espacios de incidencia jurídica, pero también política. Quienes ocupen esos lugares serán fundamentales para rescatar el sistema de justicia en el país, sostener esta frágil democracia, fomentar condiciones de vida dignas y respetar y garantiza los derechos humanos.
No es poca cosa lo que tenemos delante en los próximos meses. Y, justamente porque está mucho en juego, sectores y actores -de esos que generan mi vergüenza- intentarán perpetuar estructuras y lógicas de poder corruptas y perniciosas.
Ante esto, como sociedad, nos toca estar pendientes. Acuerpar cuando se necesite y auditar cuando corresponda.
Al gremio de personas que ejercemos la abogacía, con nuestra especie de “deber reforzado” y deuda histórica con el pueblo, nos corresponde democratizar el conocimiento de aspectos jurídicos fundamentales para comprender la coyuntura actual.
Nos toca accionar en favor de la justicia, participar activamente sin importar cual sea el ámbito en el que ejerzamos la profesión y, si nos es posible y cumplimos con los requerimientos, animarnos a participar y prestar nuestras capacidades y vocación para así tener un papel protagónico en el rescate de la justicia y en la construcción de una sociedad más justa.
Sí, a veces me da vergüenza decir que soy abogada, y creo que no soy la única. Pero si por fin empezamos a caminar hacia lo que el pueblo espera y merece de quienes ejercemos la abogacía, la vergüenza irá desapareciendo y será reemplazada por un sentimiento más añorado: el de dignidad.
*Pluma invitada. Abogada, directora de Proyectos de Be Just, una de las 35 organizaciones que integran la Alianza por las Reformas.
