Hace 44 años, el 21 de junio de 1980, las fuerzas de seguridad del Estado secuestraron a al menos 27 personas que se encontraban reunidas en la sede de una central sindical en el corazón de la Ciudad de Guatemala. Nunca aparecieron. En su memoria, en esa fecha se conmemora en Guatemala el Día Nacional contra la Desaparición Forzada.
Por Rolando Orantes
La tarde del 21 de junio de 1980 docenas de agentes de las fuerzas de seguridad vestidos de civil, los rostros cubiertos por pañuelos blancos, sombreros de petate y con armas automáticas asaltaron la sede de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) mientras se realizaba una reunión. Luego de romper la puerta principal con un jeep, entraron al edificio golpeando y gritando. El operativo no duró más de cinco minutos. Las paredes quedaron manchadas de sangre. Los secuestradores se llevaron a al menos veintisiete personas a quienes nunca se les volvió a ver. La CNT estaba ubicada a una cuadra de las instalaciones del Cuerpo de Detectives, y a 400 metros del Palacio Nacional.
Para 1980 la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales formaban ya parte de la cotidianidad guatemalteca. Esta táctica, empleada sistemáticamente desde la segunda mitad de los años 60, alcanzaría a partir de 1978 niveles hasta entonces inimaginados con la llegada del general Fernando Romeo Lucas García al poder.
Cuando Lucas asumió la presidencia, las organizaciones obreras habían alcanzado un alto grado de movilización. Pero durante el gobierno de este militar los movimientos sindical, estudiantil y popular fueron diezmados por la respuesta violenta del Estado. Los asesinatos en la vía pública, los secuestros y la posterior aparición de cuerpos torturados y mutilados, o que no volvían a aparecer, fueron en aumento entre 1978 y 1982.
Al principio la represión tuvo un carácter más selectivo. El gobierno militar –en el poder constitucionalmente y mediante elecciones– elegía a sus objetivos buscando enviar un mensaje ejemplarizante y crear terror. Pero rápidamente las unidades de sicarios estatales llevaron sus acciones a extremos hasta entonces desconocidos. Los cadáveres torturados y mutilados aparecían cada vez con mayor frecuencia. Se les localizaba en grupos de seis, ocho o más. A veces a pocos kilómetros de distancia de la orilla de una misma carretera.
El 31 de enero de 1980 agentes de la policía y de los servicios secretos incendiaron la embajada de España, quemando vivas a 39 personas. Durante la manifestación por el Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo de ese año, policías de civil secuestraron a más de 30 personas. Casi ninguna apareció. Las pocas que lo hicieron habían sido torturadas y asesinadas. El gobierno optó por la violencia criminal frente a la oposición desarmada.
El allanamiento
El semanario Inforpress publicó en su edición del 26 de junio de 1980 que “veintisiete sindicalistas que se encontraban sesionando en la sede de la Central Nacional de Trabajadores el sábado 21, fueron sacados violentamente por elementos armados que en gran número penetraron a esa sede en horas de la tarde”. La CNT informó en un comunicado que “sesenta hombres fuertemente armados que identificándose como fuerzas de seguridad del Estado detuvieron el tráfico en la 9a. avenida, rodearon la CNT e ingresaron violentamente, rompiendo la puerta con un Jeep Toyota. Entraron haciendo disparos y encañonando con metralletas a los sindicalistas que ahí se encontraban”. Las personas secuestradas pertenecían a distintos sindicatos, mencionando los de las empresas Acricasa, Induplast, Tursa, Kerns, Richardson Merrell, Cermaco, Sistemas Electrónicos, Coca Cola, Cedasa y Prensa Libre.
Según Inforpress, el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS) señaló que “las fuerzas de seguridad que secuestraron a los sindicalistas fueron dirigidas por el jefe de Narcóticos del Cuerpo de Detectives de la Policía Nacional”. El CNUS “llamó a paros progresivos para lograr la libertad de los secuestrados”, que durante esa semana se realizaron en Coca Cola, Aricasa, Induplast, Kerns, Cermaco, Enlozados Nacionales, Adams y Aceros y Esmaltes.
Por su parte, el jefe del Cuerpo de Detectives, coronel de policía Manuel de Jesús Valiente Téllez, negó que los secuestradores fueran agentes de ese cuerpo. Su superior, el ministro de Gobernación licenciado Donaldo Álvarez Ruiz, aseguró que ninguna de las personas secuestradas se encontraba en cárceles del Estado, y señaló que las fuerzas policíacas estaban “en capacidad de brindar protección a los sindicalistas y ciudadanos que consideren que su integridad física se halla en peligro”, pero lamentablemente había gente que prefería “acudir primero a los órganos periodísticos en vez de a los medios de seguridad pública”.
El 3 de julio de 1980, la organización estadounidense Guatemala News and Information Bureau emitió un documento informando que “a finales de junio, los sindicalistas en Guatemala sufrieron uno de los ataques más brutales hasta la fecha. El sábado 21 de junio, la sede de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) fue allanada y todo su Comité Ejecutivo secuestrado. Treinta dirigentes sindicales que se encontraban reunidos en la sede fueron raptados y continúan desaparecidos.
“Informes de quienes llegaron al lugar poco después hablan de ver sangre en el suelo. Testigos en los alrededores también dijeron haber escuchado disparos. La CNT, una de las principales confederaciones sindicales de Guatemala y miembro del Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS), se encuentra en la muy congestionada zona céntrica de la Ciudad de Guatemala. Las calles fueron acordonadas justo antes del incidente, lo que hace evidente que las fuerzas de seguridad del gobierno estaban detrás del ataque bien organizado y a gran escala”.
Según el documento del GNIB, la reunión de emergencia que convocó al Comité Ejecutivo de la CNT se organizó para discutir los asesinatos de dos líderes sindicales. El viernes 20 de junio el secretario del Comité de Organización del sindicato de Coca Cola, Edgar René Aldana, de 23 años, fue asesinado al salir del trabajo. Tres secretarios generales de ese sindicato habían sido asesinados en los tres meses anteriores. Y el mismo 21 de junio fue descubierto el cuerpo brutalmente torturado de Óscar Amílcar Patuaca, secuestrado el 17 de junio junto a Guillermo Hernández cuando salían de su trabajo en la compañía Incesa Standard.
Según la organización estadounidense, “este ataque al comité ejecutivo de la CNT indica que la dictadura militar del general Lucas García está decidida a erradicar a toda la dirigencia del movimiento sindical guatemalteco”, el cual necesitaba, “más que nunca”, del apoyo internacional, tanto individual como de sindicalistas y organizaciones de derechos humanos, y llamaba a enviar “telegramas o cartas de condena enérgicas lo antes posible” a las autoridades, pues se consideraba que aún existía posibilidad de que las personas secuestradas fueran liberadas con vida.
Una lista oficial de la CNT que circuló el 14 de julio de 1980 incluía los nombres de Bernardo Marroquín, Orlando García, Ismael Vásquez, Florentino Gómez, Héctor Manuel Sánchez, Manuel René Polanco, Mario Martínez, Óscar Armando Salazar, Mario Campos Valladares, Jorge Luis Serrano, Crecencio Cornel Ordóñez, Manuel Antonio Rodríguez, Álvaro Estrada, Rafael Antonio Aguilar, Edwin René Hernández, Tomás Roberto Pol, Pedro Ramos Micatu, Edwin Arnulfo García, Florencio Xocop Chávez, Sara Cabrera Flores, Hilda Carlota Pérez, Cristina Yolanda Carrera, Sonia Alesios, Irma Candelaria Pérez, Agustín Xitay Chapetón y dos personas sin identificar.
El 25 de junio de 1981, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de los Estados Americanos, emitió la Resolución No. 33/81, Caso 7403, en la que señala: “El día 21 de junio de 1980, hubo un ataque contra las oficinas de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) en Guatemala llevado a cabo por policías no uniformados. Entre 25 o 30 personas fueron detenidas. Aunque las calles alrededor de las oficinas de la CNT habían sido cerradas por las autoridades policiales, el Gobierno pretende desconocer donde se encuentran los detenidos”.
La comunicación recibida por la CIDH indicaba que la reunión “había sido convocada para tratar la muerte de dos dirigentes laborales, muertos durante la semana anterior”. El 8 de diciembre de 1980 la CIDH envió una nota con información adicional al gobierno de Guatemala y una lista en la que aparecen 25 personas: Rafael Antonio Aguilar Pérez, del Sindicato de Sistemas Electrónicos; Sonia Alecio, del Sindicato de Vicks VapoRub; Sara Cabrera Flores, Secretaria General del Sindicato de ACRICASA; Mario Campos Valladares; Cristina Yolanda Cabrera, del Sindicato de Sistemas Electrónicos; Agustín Chitay Chapetón, Irma Candelaria Pérez Osorio y Héctor Manuel Sánchez González, del Sindicato de INDUPLASTIC; Crescencio Coronel Ordóñez y Jorge Luis Serrano, del Sindicato de Enlozados Nacionales; Álvaro Oswaldo Estrada, Selvini Arnulfo García López y Ervin René Hernández Paiz, del Sindicato de CERMACO; Orlando Antonio García López, del Sindicato de TURSA; Florentino Gómez López, Secretario de Prensa del Sindicato de EGSA; Bernardo Marroquín Salazar, Secretario General del Sindicato de Kern’s y Manuel Antonio Rodríguez Ramos, miembro del mismo; Mario Martínez, del Sindicato de Foremost Dairy; Hilda Carlota Pérez Méndez, del Sindicato de ACRICASA; Manuel René Polanco Salguero, Secretario General de Sindicato de Trabajadores de Prensa Libre; Tomás Roberto Poll; Pedro Ramos Micatu; Óscar Armando Salazar; Ismael Vásquez Ortiz, Secretario de Conflictos del Sindicato de EGSA; Florencia Xocop Chávez, dirigente sindical de ACRICASA.
El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico Guatemala, memoria del silencio le dedicó un capítulo titulado Caso ilustrativo No. 51. Desaparición forzada de miembros de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) en la Ciudad de Guatemala y en la finca ‘Emaús Medio Monte’. Ahí puede leerse que un testigo señaló:
“A las tres menos diez yo pasé a una tienda (cercana al local de la CNT) y vi que había unas personas armadas y no eran pistolas sino que eran metralletas … todos tenían sus pañuelos puestos y estaban de particular, había como tres oficiales uniformados y eran de alto rango por las insignias que tenían”. De acuerdo a la CEH, “el grupo estaba formado por más de sesenta hombres armados, pertenecientes a la Policía Judicial, a la Policía Nacional y al Ejército”.
El testigo dijo: “Sentía que iban a allanar ahí. Yo llegué a la CNT y estaba abierta la puerta. Cerré la puerta. Subí las gradas y les dije a los compañeros: ‘Vámonos, vámonos porque esto lo van a allanar’. Sólo terminando de decir estas palabras estaba cuando tocaron el timbre. Uno de los compañeros abrió y entonces empujaron la puerta, y ya estaba un jeep frente a la puerta estacionado, para que nadie pudiera salir”.
Los miembros de la policía y el ejército “habían interrumpido el tráfico vehicular y apuntaban hacia arriba con sus armas de fuego. Los sujetos apostados en la calle estaban vestidos de civil y enmascarados, pero había tres o cuatro que eran militares, a quienes se pudo identificar por las insignias, las gorras, el uniforme verde olivo que vestían y las voces de mando. También había un jeep Toyota color gris”.
Tres personas lograron escapar, explica la CEH, y una de ellas contó: “Oíamos los gritos de los compañeros y sólo oía que los maltrataban y como que los tiraban contra la pared”. La Comisión especificó que “no se escucharon disparos, sólo golpes”, y que se trató de una “operación relámpago” que duró entre tres y cinco minutos.
Otra persona llegó unos diez minutos después de la operación. “La cuadra estaba vacía. No estaba el portero del sindicato en la calle. Pensó: ‘Qué descuido’. Empujó la puerta y entró. No había nadie en el local. Había manchas de sangre en el corredor y los archivos estaban abiertos. De pronto alguien entró y lo sacaron. Al salir a la calle, unas seis personas la rodearon y le contaron lo sucedido, mientras dos compañeros sindicalistas lloraban. Estuvo allí cinco minutos y cuando se dieron cuenta que venían dos judiciales decidieron retirarse. Un familiar de una de las víctimas, que llegó luego a la sede con otros que se hallaban en la misma situación, relató que lo que presenciaron fue horrible pues había pozas de sangre por todas partes y las instalaciones estaban hechas un desastre”, señala la CEH.
El trabajo de Edgar Ruano Najarro y Miguel Ángel Albizures ¿Por qué ellas y ellos? En memoria de los mártires, desaparecidos y sobrevivientes del movimiento sindical de Guatemala señala, basándose principalmente en el informe de la CEH y en un texto redactado en los años 80 por el entonces asesor sindical Danilo Rodríguez Gálvez que ese sábado:
“Comenzaron a llegar a la sede de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), miembro prominente del CNUS, numerosos dirigentes de otros tantos sindicatos convocados a las cuatro de la tarde para una reunión en la que se abordarían temas ideológicos y políticos relacionados con la conducción del movimiento sindical, en especial sobre la expulsión un tiempo atrás de tres miembros del Comité Ejecutivo de la CNT”.
Cerca del mediodía parte de la dirigencia decidió suspender la reunión, pues en la madrugada habían asesinado a Edgar René Aldana Ruano, del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de Coca Cola. Pero fue imposible avisar a todas las personas convocadas y a partir de las dos de la tarde empezaron a llegar. Aparentemente cuando se enteraron de que no habría reunión se generó “una discusión sobre los verdaderos motivos de dicha medida, ya que estaba pendiente una disputa ideológica de cierta importancia”. Pensaron en hacerla en otro local, o cancelarla, y finalmente decidieron realizarla.
Según un testigo, entre las 15:30 y las 16 “comenzaron a acercarse a la puerta de la sede unos sesenta hombres vestidos de particular, con sombreros y gorras, armados con pistolas y metralletas, pero embozados de las caras con pañuelos. Tomaron posición frente al edificio de la CNT […] y apuntaron con sus armas hacia la puerta y las ventanas, tanto del primero como del segundo nivel de la sede”.
Con el jeep Toyota los hombres armados destrozaron el portón. “Mientras tanto, muchos otros agentes de civil tenían paralizado el tráfico de vehículos en las bocacalles de la 9ª avenida y la 4ª y 5ª calles, así como en la 8ª y 9ª avenidas”.
Los tipos subieron al segundo piso. “Comenzaron los gritos de los sindicalistas, hombres y mujeres (había ocho mujeres sindicalistas) Dos de los responsables de la reunión gritaban que había que subir y escapar por el tejado. Algunos que lo lograron retrocedieron al ver que desde afuera les estaban apuntando con sus armas”. Pero la mayoría “quedaron paralizados, amedrentados por los insultos y amenazas de los agentes”.
Cuatro personas lograron escapar por los techos. “Uno de ellos, que se quedó escondido cerca de la sede, logró escuchar cómo insultaban y golpeaban a todos los detenidos, incluidas varias mujeres, una de ellas embarazada”. Según sus testimonios, el único secuestrador que no se cubría la cara con un pañuelo era el jefe de la Sección de Narcóticos de la Policía Nacional. La persona que presenció los hechos desde la calle dijo que además del jeep que derribó la puerta llegaron otros siete vehículos, incluido un microbús azul y blanco que más tarde fue identificado como al servicio de esa sección.
“Todos los detenidos, 27 en total, fueron introducidos a los vehículos, pero acostados uno encima del otro en el piso de los mismos, lo cual hizo imposible desde afuera que se reconociera a quiénes llevaban”, señala el libro de Ruano y Albizures.
En el artículo El día que la desaparición forzada truncó el movimiento sindical, de Mariana Farfán y publicado por Ocote, se reseña la charla que dieron Rosa María Wantland, Miguel Ángel Albizures y Frank Larrué, sobrevivientes del allanamiento, el 21 de junio de 2024 en el Palacio Nacional, e incluye también los sobrenombres de dos personas que aparecían como no identificadas en otras listas: El Repollo, del Sindicato de Incesa Standard y El Bananito, que era estudiante de secundaria.
Bajo el seudónimo de José Antonio Ríos apareció en el número 11 de la revista Otra Guatemala de mayo de 1990 el artículo 21 de junio, solsticio de la razón, y bajo el subtítulo La ruta de la fatalidad:
“Llegado el día de la reunión, dos compañeros que salían de la CNT al mediodía notan la presencia de la bestia, toman en dirección de la 8a. avenida y 5a. calle y reparan en los ocupantes de un panel Toyota que portaban armas largas; otros individuos se encontraban distribuidos en cada una de las aceras de la bocacalle con las metralletas al hombro. El que presumiblemente era el jefe se encontraba en una pastelería de la esquina tomándose un refresco. Al comprobar el riesgo que implicaba hacer la reunión unas horas más tarde, los compañeros buscan apresurados un teléfono para poner en autos a Mario Campos y Manuel Sánchez, quienes eran miembros del Comité Ejecutivo de la central y tenían la potestad para tomar alguna decisión sobre la reunión. Una de las secretarias responde la llamada y comunica que Manuel y Mario recién acababan de abandonar la sede”.
Un testigo esperó desde las 14 horas, una hora antes de la reunión, a que apareciera Florencia Xocop para “convencerla de suspender o cambiar el lugar de la reunión”. Hubo confusiones en las directrices e informaciones y finalmente la reunión se realizó.
“A la hora prevista da inicio la reunión con la presencia de 30 dirigentes, representantes de 12 sindicatos”. Un miembro de la CNT volvía con otros nueve trabajadores a los que había ido a buscar. Caminaban por la 5a. calle cuando vieron, a la altura de la iglesia Santa Teresa, en la 4a. calle, a alrededor de una docena de judiciales que se dirigían a la CNT.
“El grupo de compañeros decide dispersarse, cuando al pasar frente a la protección del grupo de choque, éstos con insultos los conminan a apresurarse. Mientras tanto, el piquete de judiciales se aposta en forma de media luna, utilizando el ancho de la avenida; con el índice en el disparador de sus carabinas y la vista puesta en los ventanales del segundo piso esperan el momento de la entrada. Uno de ellos toca el timbre de la puerta principal; al entreabrirle la puerta penetra forzadamente, seguido por el resto. El tránsito de vehículos estaba detenido, pues en la 5a. calle otros judiciales lo habían desviado. Otros participantes del operativo se encontraban sobre la 10a. avenida en un microbús Toyota Hiace, quienes apuntaban sus armas a la altura de la CNT.
“Los 30 compañeros reunidos en el segundo piso de la central son sorprendidos por la celeridad de los movimientos de sus verdugos, quienes aprovechan la parálisis provocada por el miedo y el desconcierto para aproximarse al segundo nivel. Únicamente tres compañeros logran romper la parálisis y buscan salir del lugar, saltando hacia las casas vecinas. Los demás, confiados en que eran muchos para desaparecer o asesinar a todos, no ofrecen mayor resistencia, bajo el supuesto de que serían consignados a los tribunales, como había sucedido otras veces.
“Uno de los tres compañeros que logró salir de las fauces de la bestia, escondido en el tapanco de una casa, relató cómo llegaron a él los golpes secos, los quejidos de los compañeros y el ruido provocado por la destrucción de todo lo que encontraron los judiciales a su paso. Cada golpe iba precedido de una catarata de improperios, en particular los esbirros obligaban a los compañeros en el momento de vapulearlos a lanzar vivas en favor de la guerrilla.
“Los lacayos del sistema no tuvieron límite para desbordar su saña contra nuestros compañeros. Al interior de la CNT todo era testimonio de los excesos con los que se pretende apagar nuestros anhelos de vivir en un país menos injusto. Las pozas de sangre y las manos ensangrentadas, marcadas en las paredes quedaron allí, en la sordidez del dolor y el sacrificio, que no han sido en vano”.
La CNT, el movimiento sindical y la represión
Tras la invasión contrarrevolucionaria de 1954, el movimiento sindical fue duramente golpeado, lo que resultó en una muy limitada presencia durante los siguientes veinte años, que transcurrieron entre gobiernos militares, estados de sitio y, a partir de la segunda mitad de los años 60, los escuadrones de la muerte del ejército.
La situación comenzaría a modificarse alrededor de la segunda mitad del gobierno del coronel Carlos Manuel Arana Osorio, cuando en 1973 el Frente Nacional Magisterial condujo un importante movimiento de huelga que fue apoyado entre otras por la Universidad de San Carlos, la Asociación de Estudiantes Universitarios, la Central Nacional de Trabajadores y el Sindicato de Acción y Mejoramiento Ferrocarrilero, y que luego de meses de lucha, consiguió el aumento salarial demandado.
Durante el gobierno del general Kjell Eugenio Laugerud García (1974-1978), acusado de llegar a la presidencia mediante fraude, se vivió cierta apertura que permitió un rápido crecimiento del movimiento obrero. Para mediados de su mandato eran frecuentes las manifestaciones y huelgas de las más variadas empresas y entidades públicas, apoyadas por asociaciones estudiantiles, de pobladores, etcétera.
Sin bien el comunista Partido Guatemalteco del Trabajo mantuvo siempre su presencia en las organizaciones gremiales, principalmente a través de la Federación Autónoma Sindical Guatemalteca (FASGUA), las organizaciones revolucionarias en armas se acercaron al movimiento laboral a partir de 1972, inicialmente las Fuerzas Armadas Rebeldes y a partir de 1977 el Ejército Guerrillero de los Pobres. Un documento preparado para un seminario de estudio y redactado posiblemente por Mario Payeras a finales de los años ochenta señala que durante el gobierno de Laugerud se dio “una espiral de crecimiento de la organización de las masas”, en la que “el principal papel de las organizaciones revolucionarias fue la transmisión de la ideología proletaria”.
Pero según el documento, “dentro de la relación entre movimientos sindical y revolucionario se dieron errores, como el que dirigentes sindicalistas asumieran tareas revolucionarias. En cierta manera se había subestimado al movimiento sindical”.
A partir de 1978 el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS), surgido dos años antes y que agrupaba a prácticamente todas las organizaciones de la clase obrera y campesina, “tiene mayor politización y radicalización y se plantea en los primeros meses del 80 el derrocamiento del gobierno”. Así, “las organizaciones revolucionarias arrastraban a las organizaciones de masas a sus planteamientos”. Hubo asociaciones que dejaron de ser organismos de orientación sindical y se convirtieron en una especie de extensión del movimiento revolucionario. Tal fue el caso de la CNT, señalaba el documento para el seminario de estudio.
En noviembre de 1977 una gigantesca manifestación recorrió las calles de la capital. Los trabajadores de Minas de Guatemala, ubicada en San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, a quienes se sumaron los cañeros del Ingenio Pantaleón, en Escuintla, recorrieron el país y fueron recibidos en El Trébol por una multitud que iba creciendo mientras se acercaba al Parque Central, a donde ingresaron “con banderas rojas y al grito de batalla de ‘el pueblo unido, jamás será vencido’”, según un reporte de la época. La marcha había sido asesorada por la CNT, principalmente por el dirigente huehueteco Mario Mujía Córdoba.
El 8 de junio de 1977 había sido asesinado el abogado laboralista y asesor sindical Mario López Larrave. El 18 de octubre de ese año la CNT denunció que el denominado Ejército Secreto Anticomunista, “responsable directo de múltiples asesinatos de personas progresistas del país, obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales”, había enviado dos cartas amenazando de muerte a su secretario general, Miguel Ángel Albizures, una a su casa y la otra a la sede de la central sindical.
El 7 de enero de 1978 fue secuestrado en la Ciudad de Guatemala el dirigente obrero Víctor Manuel Paniagua González, de la Federación Autónoma Sindical Guatemalteca y del Sindicato de Trabajadores del Cuero. Su cuerpo apareció en la carretera a Escuintla horriblemente torturado. El diario El Gráfico dijo el 10 de enero que “de acuerdo a los informes conocidos en la capital, la víctima murió de los golpes que le propinaron en sus partes íntimas, así como en el rostro cuyos ojos fueron prácticamente extirpados con arma punzocortante. Posteriormente le dieron el tiro de gracia”. Junto a su trabajo sindical, clandestinamente Víctor Manuel Paniagua era miembro de la Comisión Militar del Partido Guatemalteco del Trabajo, donde participaba en operativos armados bajo el seudónimo de Max. Su féretro fue acompañado por alrededor de mil personas, señaló Inforpress.
El 21 de septiembre de 1978 el dirigente sindical José Valerio Ramírez fue asesinado “en una cafetería ubicada en la 4ª avenida y 11 calle de la ciudad de Escuintla”, denunció la CNT. El diario La Hora dijo cuatro días más tarde que el crimen fue cometido a media cuadra de la estación de policía, por lo que la CNT acusaba a esa institución “de estar al servicio de los explotadores terratenientes e industriales de la zona de Siquinalá”. El “nuevo crimen” se sumaba a “varios atentados en contra de los trabajadores guatemaltecos, entre los que se puede contar el secuestro y torturas que sufrió en Huehuetenango la señora María Eugenia Mendoza, y el asesinato del sindicalista huehueteco Mario Mujía”.
En octubre de 1978 los hombres armados intentaron asesinar al catedrático universitario, director de la Escuela de Orientación Sindical y dirigente del PGT, Santiago López Aguilar, y al secretario general de la CNT y del sindicato de la Embotelladora Guatemalteca de Coca Cola, Israel Neftalí Márquez Pivaral. Márquez Pivaral fue ametrallado en su automóvil cuando llegaba a su casa, pero logró sobrevivir. En enero de 1979 volvieron a intentar asesinarlo, tras lo cual se asiló en la embajada de Venezuela y posteriormente salió al exilio.
López Aguilar, por su parte, fue ametrallado cuando regresaba de la Universidad de San Carlos. Fue hospitalizado y, una vez recuperado, pasó a la clandestinidad. En febrero de 1984 fue capturado por los escuadrones de la inteligencia militar. Su cuerpo, torturado y con quemaduras, fue abandonado atado con alambre de púas en la Avenida Las Américas.
El 14 de febrero de 1979 fue asesinado el ex dirigente estudiantil, profesor universitario, asesor de las FASGUA y miembro del PGT Manuel Lisandro Andrade Roca, cuando salía de una sesión electoral del Colegio de Abogados. El diario Impacto informó que los asesinos eran “dos desconocidos que se encontraban escondidos entre los autos de los profesionales que estaban en la sesión. Uno de los asesinos se le acercó por la espalda y le disparó casi a quemarropa varias veces hasta verlo caer. Luego se fue caminando tranquilamente mientras el otro caminaba en sentido contrario solo a darle el tiro de gracia a la víctima. Los autores se fueron caminando tranquilamente hasta perderse en la oscuridad mientras los compañeros de la víctima gritaban pidiendo auxilio”.
La Secretaría de Prensa y Propaganda de la CNT denunció que el 15 de febrero de 1979 alrededor de las 22:50, “cuando aún se encontraban en nuestra sede numerosos trabajadores, se hizo estallar una potente bomba que arrancó parcialmente la puerta principal del edificio y rompió todos los vidrios de las casas vecinas”. Instantes después la sede “se encontraba llena de cientos de policías judiciales que allanaron todo el edificio empuñando armas de todos los calibres”.
La CNT responsabilizó “al Gobierno de la República y a los capitalistas del país, propietarios de las fábricas y las fincas a donde pertenecen nuestros sindicatos y ligas campesinas del atentado sufrido y de cualquier otro hecho violento y de la integridad física de nuestros dirigentes, afiliados, trabajadores permanentes y asesores”, e hizo “un llamado a todas las organizaciones sindicales, campesinas, de pobladores, estudiantiles, a la Universidad de San Carlos y demás sectores democráticos para que estrechemos filas en estos momentos en que la represión fascista intenta desaparecer de nuestro país cualquier brote de denuncia y cualquier voz que clame por justicia y libertad”.
El documento cierra con las consignas: “Contra la represión fascista y la explotación patronal: la unidad granítica de los sectores populares. Ni las balas asesinas ni los atentados terroristas podrán acallar la voz de todo un pueblo que lucha por una patria justa y por su libertad”.
Durante 1979 los asesinatos fueron en aumento, llegando en 1980 a niveles demenciales. Dos meses después de las desapariciones en la CNT, el 24 de agosto de 1980, agentes especiales de la policía y el ejército desaparecieron a 17 personas, todas sindicalistas o pertenecientes a la Escuela de Orientación Sindical de la USAC, en la finca Emaús Medio Monte, Escuintla. El administrador de la finca fue secuestrado, torturado y asesinado el 2 de septiembre siguiente.
Rosa María Wantland, quien el 21 de junio de 1980 salvó su vida al llegar 15 o 20 minutos tarde a la reunión en la sede de la CNT, señaló durante la charla de conmemoración el 21 de junio de 2024 que “un año después de los hechos, la CNT estaba debilitada y desarticulada. Muchos de sus integrantes se desligaron de la organización o se exiliaron. Unos adoptaron métodos clandestinos y otros se unieron a la guerrilla”. Wantland también dijo que “los vínculos que pudieron existir entre algunas de las víctimas y la guerrilla no justifican este crimen de lesa humanidad que ha permanecido en la impunidad”, puede leerse en el artículo de Mariana Farfán.
El 21 de junio de 1981, el Comité Ejecutivo de la CNT dirigió un documento a los “compañeros de base y Dirección de la Central Nacional de Trabajadores –CNT–”, del que transcribimos algunos fragmentos:
“Al cumplirse este 21 de junio un año del secuestro de 27 de nuestros compañeros por parte de las fuerzas represivas del gobierno, el Comité Ejecutivo hace un llamado a todas las organizaciones de base y cuadros dirigentes de la Central Nacional de Trabajadores para que, con combatividad, solidaridad y unidad conmemoremos esta fecha.
“Este 21 de junio y cada uno de los días venideros acrecentaremos las luchas por nuestros derechos y demandas; contra los patronos, su gobierno y los aparatos represivos a su servicio que día a día masacran, torturan, asesinan a nuestro pueblo; contra los sectores oportunistas y divisionistas que tratan de fraccionar al movimiento sindical y popular. Este es el mejor homenaje que podemos ofrecer a los compañeros caídos; a aquellos que con su sangre han regado ya el camino por el que transita nuestro pueblo hacia la conquista de un gobierno popular, democrático y revolucionario; seguros de triunfar sobre la base de nuestras propias fuerzas, fortaleciendo la unidad obrero-campesina, eje fundamental de la unidad de todas las fuerzas de nuestro pueblo y con una concepción proletaria de nuestras luchas y de la sociedad que hay que transformar”.
Pero la situación ya no era la de los años de las grandes movilizaciones. Las organizaciones sindicales habían sido diezmadas, su capacidad de acción era muy limitada y prácticamente se circunscribía al interior de las fábricas.
Junto a “la lucha por mejores salarios y mejores condiciones de vida; por la tierra al campesino; por el cese al aumento de los productos de consumo popular y los servicios públicos; la lucha por el derecho a organizarnos y manifestar; la lucha contra la imposición del nuevo Código de Trabajo”, el documento del Comité Ejecutivo de la CNT hablaba de “preparar nuestra autodefensa y preservar nuestras organizaciones; desarrollar la vigilancia en nuestras sedes de trabajo para detectar y enfrentar a los esbirros de los aparatos represivos del gobierno y el ejército”.
La CNT debía alistarse “para utilizar todas las formas de lucha que sean necesarias para avanzar y hacer efectivos nuestros derechos”. Era necesario “seguir impulsando la utilización de métodos conspirativos en el trabajo de dirección, orientación y organización sindical y popular”. Las organizaciones debían “comprender que el momento exige que los trabajadores utilicen todos los medios y formas de lucha a su alcance para conquistar sus derechos y hacer frente a la represión patrono-gubernamental”.
Todas las organizaciones de base de la CNT debían “participar en las tareas de plan de campaña que se realizará en el mes de junio”, pero además, “en los centros de trabajo, en donde las condiciones lo permitan”, elaborar comunicados en homenaje, realizar un paro de cinco minutos en todas las fábricas y sindicatos, preparar un lugar para poner los nombres y fotos de las personas desaparecidas, “así como portar brazaletes rojos en el brazo izquierdo”, distribuir de manera interna comunicados de la CNT y otras organizaciones, elaborar mantas y cartelones, publicar cuñas en las radios y elaborar un plan de seguridad interna y externa.
Uno de los volantes distribuidos por la CNT rendía homenaje a los “mártires proletarios caídos el 21 de junio de 1980, víctimas de la represión sanguinaria y terrorista del gobierno de Lucas García, al servicio de los capitalistas nacionales y extranjeros”, enlistando los nombres de 25 de las personas desaparecidas, encabezadas por Sara Cabrera Flores, Hilda Carlota Pérez, Irma Candelaria Pérez Osorio, Florencia Xocop Chávez y Sonia Judith Alecio Noriega, “presentes en la lucha del pueblo oprimido”.
Otro volante señalaba:
“Este 21 de junio se cumple un año de que nuestros compañeros fueran capturados y desaparecidos cuando se encontraban en nuestra sede. Con estas acciones represivas y criminales se pretende acallar la voz del pueblo oprimido y sus organizaciones consecuentes que claman justicia y luchan en contra de la explotación.
“Al conmemorar un año de la captura y desaparecimiento de nuestros 27 compañeros que entregaron su sangre en la lucha por la clase explotada: los obreros y campesinos agrupados en la Central Nacional de Trabajadores, ratificamos: Nuestro compromiso con el pueblo y de continuar luchando incansablemente conscientes de que solo enfrentando decididamente a nuestros enemigos de clase podremos obtener libertad y verdadera democracia en beneficio de todos los sectores populares. Al recordar combativamente a nuestros compañeros caídos, una vez más”.
El movimiento sindical se encontraba muy debilitado. Buena parte de su base y dirigencia pasó a la clandestinidad, fue asesinada, desaparecida o salió al exilio. En muchos casos, la frontera entre organizaciones laborales e insurgentes se volvió aún más difusa, y sus militantes atendían a su vez asuntos gremiales y las tareas de su respectiva organización.
Fue el caso de Sergio Manfredo Beltetón de León, por ejemplo. En su libro Micropolítica del terror y la resistencia, de 2023, Manolo Vela explica que a finales de los setenta Beltetón trabajó en el Banco de Guatemala y formó parte del sindicato y de la Federación Sindical de Empleados Bancarios. Ahí fue reclutado por las Fuerzas Armadas Rebeldes. En 1981 se graduó de abogado y notario y “tomó la decisión de ‘ser asesor jurídico de los trabajadores’. Para ello, a través de las estructuras de las FAR, él llegó a la CNT; se incorporó a un equipo de abogados”.
Sergio Beltetón le contó a Vela que para entonces, la sede de la CNT simulaba ser “una oficina de abogados cualquiera” en la Avenida Las Américas, una zona exclusiva de la capital. “Los sindicalistas no llegaban allí. A los trabajadores los atendíamos en comedores, restaurantes chinos, parques, en las sedes de ellos, en los centros de trabajo”. Se trataba de “un momento muy malo, depresivo. Casi no había trabajo sindical. Nos dedicábamos a mantener contactos con la gente que teníamos”. Peleaban básicamente por la “estabilidad laboral, que no despidieran a la gente, mantener la organización. Estábamos a la defensiva”.
En la misma época a la que Beltetón se refería, en septiembre de 1981 el Partido Guatemalteco del Trabajo-Partido Comunista (PGT-PC) dijo en un editorial del periódico Claridad que había terminado “una etapa de euforia por las movilizaciones pacíficas de masas”. Los sindicatos se limitaban a negociar “para no perderlo todo”, el movimiento estudiantil y magisterial no se expresaba ya “ni en actividades culturales”, y las protestas populares se reducían “a la acción esporádica de los elementos más conscientes organizados clandestinamente”. La burguesía había conseguido mantener “su régimen mediante la persecución y el crimen” e incrementaba “la explotación recurriendo a despidos masivos, reducción de salarios y destrucción de sindicatos y organizaciones populares tanto en la ciudad como en el campo”. Según el editorial, inicialmente se había vivido una “euforia por las movilizaciones de masas aisladas de la lucha violenta”, y para entonces privaba “la acción armada aislada de la lucha de masas”, planteando que una de las tareas era “la reactivación de las luchas de masas orientadas al impulso de la guerra revolucionaria popular”.
En el libro de Manolo Vela, Sergio Beltetón señala que entre 1981 y 1984 el trabajo de la CNT consistió en mantener contactos y hacer comunicados de denuncia. “La consigna era sostener las organizaciones. La orientación era que ya dentro de poco íbamos a volver a salir a la luz pública”.
Pero durante la dictadura del general José Efraín Ríos Montt, en el poder desde el 23 de marzo de 1982, la situación se mantuvo crítica para el movimiento sindical. A mediados de 1983 las fuerzas estatales secuestraron y desaparecieron a varias personas que desde las FAR asesoraban a las organizaciones sindicales, como América Yolanda Urízar Martínez, Ana Lucrecia Orellana Stormont, Edgar Raúl Rivas y María Ángela Saravia. Diversos testimonios y denuncias indican que Lucrecia Orellana fue vista en la antigua Escuela Politécnica, y Edgar Rivas en el Cuartel General de Matamoros.
Cuenta Beltetón que a finales de ese año casi todo el equipo jurídico se había ido del país. Prácticamente sólo quedaban Amancio Samuel Villatoro, responsable del trabajo organizativo con los sindicatos, Milquicidet Miranda Contreras, encargado de las milicias, y él mismo.
Amancio Samuel Villatoro fue secuestrado el 30 de enero de 1984 por la sección de inteligencia del Estado Mayor del Jefe de Estado, conocida como el Archivo (Archivo General y Servicios de Apoyo). Sus captores lo acusaron de ser “miembro de las FAR y coordinador de la CNT a nivel nacional e internacional”, y de realizar “contactos con García Márquez en México”. Fue asesinado el 29 de marzo de ese año, y sus restos fueron localizados en el destacamento militar de Comalapa, Chimaltenango, en noviembre de 2011.
El 31 de enero de 1984 esa misma unidad secuestró a Milquicidet Miranda Contreras, “miembro de las FAR”, y a Alfonso Alvarado Palencia, “miembro de las FAR y CNT”. Ambos fueron asesinados el 6 de marzo de 1984, durante el régimen del general Óscar Humberto Mejía Víctores, quien llegó al poder mediante un golpe de Estado el 8 de agosto de 1983.
Beltetón, acusado también de ser “miembro de las FAR y CNT”, fue capturado por hombres armados vestidos de civil pertenecientes al mismo escuadrón el 2 de febrero de 1984, en la zona 1 de la capital. En el libro de Manolo Vela cuenta que esa mañana debía reunirse con Milquicidet Miranda, y caminaba por el lugar del contacto cuando un tipo lo abrazó por detrás para inmovilizarle los brazos y otro que apareció por delante lo agarró de las piernas. Lo metieron a una pánel blanca, lo encapucharon, esposaron y descalzaron y lo comenzaron a golpear.
Otro miembro de las FAR, que en 1979 había sido secretario general adjunto de la CNT y secretario de organización del Sindicato de Trabajadores de la Distribuidora de Productos Diana, también fue secuestrado el 11 de marzo de 1984 y recluido en una base militar, pero esposado y en condiciones terribles por la tortura logró escapar dos días más tarde. Durante su cautiverio, Álvaro Sosa fue presentado ante Amancio Samuel Villatoro, quien cuarenta días después de su captura era permanentemente torturado.
El 21 de junio de 1980 Álvaro debería haber participado en la reunión en la sede de la CNT, pero meses antes la Federación Sindical Mundial lo invitó a Cuba para un curso de formación sindical. Luego de la masacre de la Embajada de España y más tarde el allanamiento en la CNT, decidió ya no regresar y entrenarse militarmente. Álvaro había sido reclutado por las FAR en 1978, y cuando regresó a Guatemala en abril de 1981 estaba decidido a dedicarse de lleno a las tareas clandestinas del frente urbano de esa organización.
Vela también recoge en su libro el testimonio de una persona secuestrada por hombres armados a mediados de 1980. Inicialmente capturado en un retén policial de rutina, al encontrarle propaganda “subversiva”, fue llevado a un sitio que no identificó y después trasladado en una pánel a la antigua Escuela Politécnica. Ahí lo metieron en un cuarto grande. Tenía frio y se tapó con unas mantas. “Al día siguiente, que ya hubo luz, me di cuenta que eran las mantas que habían retirado de la Central Nacional de Trabajadores. Ese fue uno de los recuerdos más impactantes. Cuando le hice el comentario a uno de los que me tenía detenido, me dijo: –Sí, esas son de tus compañeros”.
Luego de los golpes recibidos por el movimiento popular en 1980, durante los cuatro años siguientes no volverían a ocurrir movilizaciones en Guatemala. Fue hasta junio de 1984 que familiares de personas desaparecidas, principalmente mujeres, comenzarían a manifestarse en abierta confrontación a la dictadura de Óscar Humberto Mejía Víctores bajo el nombre de Grupo de Apoyo Mutuo. Y un año más tarde, en septiembre de 1985, un aumento al pasaje y el alto costo de la vida motivaron “la oleada de disturbios urbanos más extensos de los últimos años”, que iniciaron “con manifestaciones populares contra el alza de los precios” y durante los que el ejército llegó a allanar la Universidad de San Carlos, informó el diario español El País. Con el fin del gobierno militar en enero de 1986 comenzaría una nueva época para el movimiento sindical y popular.
44 años después de aquel 21 de junio de 1980, ninguna autoridad realizó nunca ninguna investigación, ni individualizó la responsabilidad de quienes entonces comandaban las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad ni de quienes ejecutaban sus órdenes.
Las principales autoridades, responsables directas de las miles de desapariciones y ejecuciones cometidas durante aquellos años eran en ese momento el general Fernando Romeo Lucas García, presidente de la República y comandante general del Ejército; el ministro de la Defensa general Ángel Aníbal Guevara Rodríguez; el jefe del Estado Mayor General del Ejército Luis René Mendoza Palomo; el jefe de la Sección de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército general Manuel Antonio Callejas y Callejas; el jefe del Estado Mayor Presidencial coronel Héctor Ismael Montalván Batres; el jefe del Archivo General y Servicios de Apoyo del EMP mayor Jorge Roberto Perussina Rivera; el ministro de Gobernación licenciado Donaldo Álvarez Ruiz; el director de la Policía Nacional coronel Germán Chupina Barahona; el jefe del Cuerpo de Detectives –anteriormente Policía Judicial– Manuel de Jesús Valiente Téllez; y el jefe del Comando Seis o Sección de Investigaciones Especiales Pedro García Arredondo.
De todos estos únicamente dos: García Arredondo y Callejas y Callejas, han sido juzgados y condenados por diversos crímenes contra la humanidad. Los otros están escondidos, o murieron sin rendir cuentas ante la justicia.
