Las comunidades en Guatemala han reclamado la falta de cumplimiento de los derechos de consulta y participación, fundamentales para los pueblos indígenas y mestizo, el Estado ha desatendido la vinculación de los resultados de las consultas y ha protegido la operación de las mineras. Cuatro resistencias antimineras ejemplifican estos casos.
Por Prensa Comunitaria
A lo largo de los años el Estado ha priorizado los intereses mineros sobre la conservación de los recursos de las comunidades y el respeto a los derechos humanos, lo cual ha quedado de manifiesto en cuatro emblemáticos ejemplos, como lo son las autorizaciones mineras a La Puya, Cerro Blanco, San Rafael y Fénix.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996, se ha experimentado un aumento significativo en las inversiones en industrias extractivas. Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el sector minero ha contribuido con un porcentaje considerable al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, pero la expansión de estas industrias ha sido acompañada por conflictos sociales y ambientales por el irrespeto a las comunidades.
Estos abusos en contra de los pueblos fueron documentados anteriormente y expuestos en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde se señaló que, la falta de consulta previa e informada con las comunidades indígenas ha generado graves conflictos y violaciones de derechos.
La CIDH ha llamado al Estado guatemalteco a respetar el derecho a la consulta y a garantizar que los beneficios económicos no vengan a costa de los derechos humanos.
Además, los impactos de la minería en Guatemala no se limitan a los derechos humanos, ya que, según estudios de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), las actividades mineras han causado contaminación de fuentes de agua y degradación de tierras en varias regiones del país. Estos impactos han afectado gravemente la vida de las comunidades, que dependen de estos recursos naturales para su subsistencia.
En la actualidad ha sido la movilización del pueblo mestizo y Kaqchikel en San José del Golfo y San Pedro Ayumpuc; el pueblo Xinka y mestizo en San Rafael Las Flores; el pueblo Q’eqchi en El Estor, Izabal y el pueblo mestizo en Cerro Blanco quienes han logrado detener estos proyectos, que además de impuestos a través de formas violentas, se instalan operando de manera ilegal, esto en colusión con el Estado.
La Puya
Es el nombre dado al movimiento de resistencia de las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc contra el proyecto minero “El Tambor Progreso VII Derivado,” operado por la empresa estadounidense Kappes, Cassiday & Associates KCA.
La movilización comenzó, en 2012, cuando la población local cerró el acceso a la mina, preocupada por la contaminación del agua y los impactos ambientales; sin embargo, a pesar de las protestas pacíficas, el Estado guatemalteco autorizó la continuación de las actividades mineras.
En varias ocasiones, la policía utilizó la fuerza para desalojar a los manifestantes, lo que resultó en enfrentamientos y denuncias de violaciones de derechos humanos. En 2016, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió temporalmente el proyecto, por no contar con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), argumentando que no se había realizado una consulta adecuada con las comunidades.
El caso de La Puya sigue siendo un ejemplo emblemático de la lucha por el derecho a la consulta y la autodeterminación de las comunidades locales frente a los intereses mineros.
La resistencia comunitaria en La Puya, a escasos 24 kilómetros de la capital guatemalteca, ha sido constante desde 2012. Las comunidades han demandado consultas previas para el proyecto Progreso VII Derivada,
A pesar de las manifestaciones y resistencia pacífica, la empresa ha intentado avanzar con el proyecto sin el consentimiento de la comunidad.
Cerro Blanco
El proyecto Cerro Blanco, ubicado en Asunción Mita, Jutiapa, ha sido otro foco de controversia, porque la empresa extractora de oro y plata, inicialmente propiedad de la empresa canadiense Goldcorp, al ser un modelo de extracción a cielo abierto ha generado preocupaciones por la contaminación del Lago de Güija, que abastece de agua a comunidades en Guatemala y El Salvador.
Las comunidades locales en ambos países y organizaciones ambientales han argumentado que la mina podría liberar metales pesados y otros contaminantes en el agua.
En 2020, un informe del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reconoció el riesgo potencial de contaminación. Sin embargo, a pesar de estas preocupaciones, el proyecto ha seguido avanzando, aunque con suspensiones temporales y cambios de los propietarios.
Un año más tarde la empresa Bluestone Resources, actual propietaria del proyecto anunció planes para reiniciar las operaciones, generando una nueva ola de protestas y oposición tanto en Guatemala como en El Salvador.
La consulta comunitaria fue convocada por las autoridades locales en 2022, los resultados mostraron el rechazo mayoritario al proyecto minero Cerro Blanco y a la presencia de la empresa minera en el territorio. Meses después la empresa atacó el resultado de la consulta. La oposición al proyecto es fuerte, con implicaciones transfronterizas, ya que estas aguas también abastecen al vecino país de El Salvador.
Este proyecto minero es el primer de varios que están activos al que el Gobierno de Bernardo Arévalo decidió suspender la solicitud de extracción a cielo abierto.
San Rafael
La mina San Rafael, también conocida como “El Escobal”, es una mina de plata ubicada en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa. Operada por la empresa canadiense Tahoe Resources, una subsidiaria de Pan American Silver, la mina ha sido objeto de una fuerte resistencia comunitaria.
Desde su inicio, el proyecto ha enfrentado oposición debido a preocupaciones ambientales y violaciones de derechos humanos. En 2013, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los líderes comunitarios del pueblo Xinka, destacando la falta de consulta adecuada.
En 2017, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la suspensión temporal de la mina, citando la falta del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la falta de consulta con las comunidades indígenas Xinka.
Aunque la suspensión sigue en pie las comunidades locales continúan luchando por el respeto a sus derechos.
En 2021 se inició un proceso de preconsulta para diseñar el marco de una consulta que incluiría aspectos culturales y espirituales, de acuerdo con la cosmovisión Xinka. Sin embargo, el proceso ha sido lento y complicado, afectando tanto a la comunidad como a la economía local.
El Estor
El proyecto minero de níquel (Fénix) en El Estor, Izabal, ha sido operado por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), una subsidiaria de la compañía ruso-suiza Solway Investment Group.
Este proyecto ha sido uno de los más controvertidos por las denuncias de violaciones de derechos humanos, ilegalidades y la represión de la protesta social.
La acción legal de la Gremial de Pescadores Artesanales y las autoridades ancestrales de los Cuatro Consejos Indígenas Maya Q’eqchi lograron que, en 2018, durante el gobierno de Jimmy Morales, la Corte Suprema de Justicia ordenara al Ministerio de Energía y Minas hacer la consulta, pero no suspendió el proyecto por no contar con Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Fue hasta que el caso llega a la Corte de Constitucionalidad (CC), en 2019, que ordena la suspensión de las operaciones mineras hasta que se efectúe la consulta comunitaria.
Un año después la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la suspensión de la extracción minera en El Estor, argumentando la falta de consulta previa con las comunidades indígenas Q’eqchi’. Sin embargo, a pesar de esta orden, las operaciones continuaron y, en 2021, el conflicto se intensificó cuando la policía reprimió violentamente a manifestantes que exigían el cese de actividades mineras.
El conflicto en El Estor sigue siendo un punto crítico de tensión, con denuncias continuas de violaciones de derechos humanos y una fuerte resistencia comunitaria.
El proyecto ha sido polémico por sus impactos ambientales y sociales, exacerbados por la falta de un proceso adecuado de consulta previa, libre e informada. La operación del níquel en el país involucra a la empresa rusa Mayaníquel, en una trama de corrupción y posibles sobornos que, incluso alcanzan al expresidente Alejandro Giammattei, al exministro del MEM Alberto Pimentel Mata y un viceministro Oscar Rafael Pérez Ramírez, sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de las sanciones Magnitsky.
Las empresas CGN / Pronico y Mayaniquel fueron sancionadas también con la Ley Magnitsky en 2022.
El 17 de enero de 2024, el mismo día que Estados Unidos anunció las sanciones Pimentel por recibir sobornos de dichas empresas, se dio a conocer que la OFAC retiraba las sanciones contra las CGN/Pronico y Mayaniquel.
En todos estos casos, las comunidades afectadas han reclamado la falta de cumplimiento de los derechos de consulta y participación, fundamentales para los pueblos indígenas.
La situación refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de consulta y de respeto a los derechos comunitarios en el contexto de proyectos extractivos en Guatemala.
Confirman sobornos de Solway al gobierno del expresidente Giammattei
