Esta constructora fue beneficiada durante el gobierno de Alejandro Giammattei. En la actualidad varias comunidades de San Juan Chamelco en Alta Verapaz están siendo perjudicadas porque la empresa dejó incompleta la construcción de la carretera rural. GIPSA se benefició con múltiples proyectos millonarios a pesar de tener señalamientos de corrupción durante el gobierno de Otto Pérez Molina.
Por Nelton Rivera
Pobladores de la aldea Chamil en el municipio de San Juan Chamelco denuncian que la empresa encargada de construir una carretera rural, la ruta que conecta la comunidad con la cabecera municipal, en el departamento de Alta Verapaz quedó abandonada.
Piden al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) que intervenga para completar la construcción, pues son los mismos vecinos quienes deben de repararla constantemente y demandan una investigación para saber que se hizo con el dinero del proyecto.
Con piochas, palas y azadones en mano van reparando los daños en la carretera de terracería, también trasladan materiales para rellenar zanjas o agujeros que se forman por las lluvias, mismos que dañan los vehículos y retrasan su circulación, manifestó Hugo Cuc, uno de los pobladores de la aldea Chamil.
La empresa encargada de esta construcción es Grupo Internacional de Proyectos, S.A. (GIPSA). Actualmente el proyecto de mejoramiento del camino rural “R-AVE-06, SAN JUAN CHAMELCO-CHAMIL CHAMIZUM, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ”, aparece en la base de datos del MICIVI como suspendido en 2024, y tiene un monto de Q204,858,578.06 -unos 26,605,010 de dólares-.
Consultamos el estatus del proyecto en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Guatemala (SNIPgt) de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y aparece aprobado para el ejercicio 2024, con una evaluación del 1 de enero de este año en la que se detalla que la empresa trabajó hasta el mes de mayo de 2023.
Este proyecto fue asignado durante el gobierno de Alejandro Giammattei, cuando Javier Maldonado Quiñonez era el ministro de Comunicaciones, a pesar de señalamientos en contra de la empresa GIPSA. La constructora fue señalada en 2015 en el caso Cooptación del Estado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que dirigía Juan Francisco Sandoval en conjunto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La empresa que tiene como sede el departamento de Zacapa, de nombre comercial Macor y cuyo propietario es Julio Alejandro Quinto Tobar, fue señalada de financiamiento ilícito de la campaña electoral del Partido Patriota (PP) en 2011. En la administración del expresidente Alejandro Giammattei fue beneficiada con varios proyectos por el exministro de Comunicaciones, Maldonado Quiñonez.
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CIV factura Q489.6 millones a empresa vinculada a caso Cooptación del Estado
