El exprocurador de los Derechos Humanos solicitó que se rectifique y anule las alertas migratorias emitidas en su contra a solicitud del Ministerio Público (MP), las cuales pidió dentro del caso USAC.
Por Alexander Valdéz
La defensa del exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, solicitó a la División de Policía de Investigación Internacional y a la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC) que anule las alertas migratorias emitidas en su contra a solicitud del Ministerio Público (MP), las cuales solicitó con un número de DPI de otra persona.
Rodas basa su petición en la audiencia unilateral, del 16 de junio, en la que el MP, ocho meses después, reconoció haber hecho una solicitud de aprehensión con un número de documento de identificación personal que no le correspondía, anulando así cualquier solicitud realizada.
“Es crucial que esa institución corrija este error señalado para evitar seguir vulnerando mis derechos constitucionales. El MP cometió errores al incluir incorrectamente los datos de identificación del ciudadano: Augusto Jordán Rodas Andrade, además de ser falsos los hechos que me atribuye, además esa organización a la que me dirijo también debió notar que los datos registrados no coincidían con mi número de documento de identificación personal -DP-l proporcionado por el ente investigador. Por lo tanto, no deben continuar desconociendo los derechos manteniendo activadas y/o solicitadas las alertas con ese defecto”, se lee en el documento.
Además, reiteró que existe persecución política en su contra y por lo tanto se debe analizar la licitud y procedencia del requerimiento de la activación de las alertas, tal y como lo establece en su catálogo de procedimientos habituales de la Interpol.
“El objetivo final de la persecución no soy yo, sino el Presidente Constitucional de la República y la Vicepresidenta, en un típico caso de Lawfare, donde el único propósito de perseguirme penalmente es alcanzar al objetivo designado por parte de personajes cuestionados por ser actores corruptos o antidemocráticos según la Lista Engel, como lo son la fiscal general de la República, María Consuelo Porras Argueta, Walter Mazariegos, Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Juez Víctor Cruz, tal y como se aprecia de las noticias nacionales e internacionales; con la finalidad de deponer al gobierno constitucionalmente electo”, añade.
“He solicitado al @mingobguate @PNCdeGuatemala la eliminación de las alertas migratorias y la notificación a Interpol, las cuales fueron activadas debido a una orden de aprehensión que ha sido revocada por errores cometidos por el @MPguatemala Es fundamental que se respeten mis…
— Jordán Rodas Andrade (@JordanRodas) August 7, 2024
Una persecución contra la resistencia en la USAC
A Jordán Rodas el MP lo vinculó al expediente por sus publicaciones en redes sociales apoyando al movimiento universitario, por haber participado como candidato a dirigir la Universidad de San Carlos (USAC) y haberse postulado como candidato a la vicepresidencia por el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).
El Ministerio Público criminaliza a la comunidad universitaria por rechazar la elección de rector, al mismo tiempo que el caso es usado para implicar a varios diputados y al binomio presidencial electo, todos pertenecientes al partido Semilla.
Se han desarrollado audiencias de primera declaración contra estudiantes, profesionales y personal de la USAC. No todos han sido ligados a proceso penal, debido a que el juez no ha encontrado indicios para iniciar una investigación penal.
El 16 de noviembre de 2023, el MP y la Policía Nacional Civil (PNC) allanaron las casas de varios profesores, estudiantes y personal administrativo y de servicios de la USAC. Se llevaron detenidos al decano de la Facultad de Veterinaria, Rodolfo Chang; al profesor e investigador, Eduardo Velásquez; al estudiante, en Física Aplicada, Javier de León Gómez; al profesor, Alfredo Beber; a la excandidata a diputada por el partido Movimiento Semilla, Marcela Blanco; y posteriormente, al sindicalista y trabajador de la Universidad, Martín Jorge Macario, entre otros.
Fue un listado de 27 personas con órdenes de detención cuyas denuncias penales se promovieron desde la propia Universidad y firmadas por Walter Mazariegos. Los señalados fueron procesados en diferentes grupos, pudiendo salir de prisión con medidas sustitutivas.
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Un error del MP
Durante una audiencia unilateral, el fiscal Saúl Sánchez reconoció su equivocación en el número de documento de identificación del exprocurador y contra quien se pidió y autorizó la orden de captura era una persona ajena al proceso.
“Al revisar el MP los datos que consignó a su persona, verificó que en el número 19 aparece una persona la cual al cotejar con su documento de identificación, al comparar el CUI o el documento personal de identificación con el que se giró la orden de aprehensión (…) es decir, se giró una orden de aprehensión con un DPI de una persona extraña al nombre que consignó el MP en su momento”, declaró el fiscal al juez.
