El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, ha expresado su intención de postularse a magistrado de Sala. La explicación más lógica, según abogados, es buscar impunidad, ya que al ocupar una magistratura, el fiscal contaría con derecho de antejuicio.
Por Regina Pérez
Rafael Curruchiche, actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), quiere ser magistrado de Sala de Apelaciones, como reveló el pasado 20 de agosto cuando fue visto en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para solicitar información que le servirá para adjuntar en su expediente.
El fiscal, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, es conocido por la persecución que ha orquestado y dirigido en contra de exfiscales, periodistas y opositores políticos al anterior gobierno.
Curruchiche comenzó a darse a conocer de manera mediática, en junio de 2019, cuando asumió como jefe interino de la Fiscalía de Delitos Electorales ante la salida de su jefe, Óscar Schaad, quien pidió un permiso para ausentarse por amenazas, pero finalmente se retiró del cargo de manera permanente.
Tras la salida de Schaad, Curruchiche se quedó en la Fiscalía como jefe interino, en noviembre de 2019. En esa Fiscalía intentó favorecer a cinco empresarios señalados en el caso de Financiamiento electoral ilícito de FCN-Nación con un criterio de oportunidad, pero la jueza Erika Aifán rechazó la petición. También pidió el arresto en contra de Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de Aníbal Argüello, exanalista de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y otras cinco personas por un caso electoral.
En abril de 2021 fue nombrado jefe de sección, aunque según el diario La Hora, en 2020, no alcanzó el puntaje requerido para los exámenes y optar como fiscal de sección.
La fiscal general, Consuelo Porras, y el secretario general de ese entonces, Rony López, habrían cambiado el reglamento bajando la nota mínima de 70 a 60 para que un agente fiscal pudiera ser ascendido a fiscal de sección, de esa manera logró asumir como jefe de la FECI, en 2021, tras la destitución de Juan Francisco Sandoval.
Desde entonces ha estado a cargo de casos en contra de exfiscales, periodistas, políticos y ahora el actual presidente, Bernardo Arévalo. En 2023 buscó anular los resultados electorales y, este 21 de agosto, presentó una nueva solicitud de antejuicio contra el presidente Arévalo.
¿Qué buscaría Curruchiche con su postulación?
Dos abogados y un experto analizaron algunas de las posibles razones de Rafael Curruchiche con su posible postulación. Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, considera que a Curruchiche le conviene ganar inmunidad porque él confía que los actos ilegales que ha cometido en su contra y otras personas deben ser sancionadas.
Con sus actuaciones no cumple con los requisitos para ser fiscal y los preceptos que determina el artículo 113 constitucional, carece de capacidad, de idoneidad, de honradez. Reúne todas las características, pero de quien no debería ser servidor público, manifestó Sandoval.
Uno de los requisitos que pide la Comisión de Postulación para Salas de Apelaciones es que el candidato sea de reconocida honorabilidad, una cualidad que se origina de la percepción que la gente tiene de la persona.
A Curruchiche la población le exigió su renuncia, en 2023, junto a las fiscales Cinthia Monterroso y Leonor Morales Lazo, al buscar anular los resultados electorales que dieron la victoria al ahora presidente Bernardo Arévalo.
Otro abogado consultado, que habló a condición de omitir su nombre, señaló que a su criterio Curruchiche está consciente de la enorme responsabilidad legal y penal de lo que implican sus acciones al frente de la FECI, tanto facilitando la impunidad de actores corruptos como persiguiendo a actores anticorrupción. “Lo que él busca en definitiva, es inmunidad. Como agente fiscal no goza del derecho de antejuicio, él sí lo gozaría en caso de que quede electo magistrado”, señaló.
El entrevistado considera que Curruchiche es el primero de muchos que presentará su expediente ante la Comisión de Postulaciones de Sala de Apelaciones y que no le parecería extraño que otros fiscales como Monterroso y Morales Lazo acudan a presentar su documentación.
Incluso Ángel Pineda, secretario general del MP, podría postularse ya que los puestos que ahora ocupan no gozan de antejuicio. “Parte de las componendas de parte de esas redes es buscar garantizar impunidad de esas acciones, es una de las características de las redes ilícitas”, mencionó.
¿Qué implicaría la llegada de Curruchiche a una Sala?
Para quienes son fiscales, ser magistrado de Sala implica una mejoría en términos salariales, laborales y tener la condición de juez sin haberse formado para eso. El magistrado tendría a su cargo decisiones en una instancia superior. Sin embargo, Sandoval recordó que el fiscal Curruchiche ni siquiera ganó el examen para ser fiscal de sección sino que llegó a ese puesto “con trampa” ya que hubo una modificación reglamentaria en el Ministerio Público (MP) para favorecerlo.
“En mafia y corrupción Curruchiche es el número 1, pero para servir al país y cumplir con preceptos de independencia judicial es la persona menos indicada”, agregó. Al fiscal se le vio promocionar recientemente el estreno de un documental sobre Erwin Sperisen, el exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), quien huyó a Suiza y enfrentó un proceso por ejecuciones extrajudiciales en Guatemala y fue condenado. La fiscalía que dirige Curruchiche lleva ese caso.
Como fiscal de Delitos Electorales, Curruchiche benefició a integrantes de la élite corrupta y gestionó criterios de oportunidad sin cumplir con requisitos que contempla la ley, añadió, beneficiando a integrantes del Comité Ejecutivo de varios partidos. “Para la vieja política no hay actor más conveniente que Rafael Curruchiche”, dijo.
Juan Pablo Muñoz, coordinador de Alianza por las Reformas, señala que alguien como Curruchiche llegue a ser magistrado de Apelaciones tiene dos posibles efectos: el primero, es el impacto negativo y la desconfianza que produciría en la población que va a creer que el proceso fue diseñado para que queden los peores y que no es un concurso de mérito.
El segundo, es que los fiscales que han armado casos que están basados en tuits y pruebas superficiales, ahora sean quienes conozcan los procesos. “Esto sería pernicioso en términos de estructurar impunidad porque lo que haría es trasladar el mal ejercicio del derecho penal a las magistraturas de manera más acentuada de lo que pasa”, señaló.
A su criterio, el MP pareciera ser fuerte, pero en el fondo tiene muchas debilidades, sin capacidad técnica para investigar y ahora necesita extender sus brazos a la parte judicial.
En las Salas de Apelaciones los magistrados conocen diversos recursos como amparos y apelaciones y también antejuicios que les asigna la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los actuales magistrados han dictado resoluciones que han favorecido a personas implicadas en casos de corrupción como los exministros Alejandro Sinibaldi, José Luis Benito y el político Manuel Baldizón.
Muñoz hace notar que los grupos vinculados redes de corrupción utilizan a perfiles nefastos para desviar la atención y la incursión de personajes, como Curruchiche, sea una estrategia diseñada para que pasen otros abogados desconocidos que ya hicieron su lobby y al no tener perfil tan público logren ser incluidos en la nómina.
Instrumentos de evaluación débiles podrían beneficiarlo
La semana anterior las Comisiones de Postulación aprobaron contra el tiempo el perfil de idoneidad de los aspirantes y la tabla de gradación. Dos instrumentos que servirán para evaluar a los candidatos. Sin embargo estos instrumentos son débiles y benefician a magistrados y candidatos que no cumplen con estándares altos.
Muñoz, de Alianza Por las Reformas, calificó de desafortunado que los instrumentos de evaluación fueron elaborados de forma acelerada y no incluyeron estándares que permitan medir la calidad de las postulaciones, tanto en el perfil idóneo, donde se basaron en requisitos mínimos, lo cual le abre la puerta a cualquier candidato o candidata. En el caso de Corte de Apelaciones los aspirantes que lleguen a 64 puntos serán elegibles para entrar a la nómina que se entregará al Congreso. En la CSJ, el punteo mínimo es de 73.
Otra debilidad del proceso es que en el reglamento interno los comisionados dejaron un candado para recibir objeciones en contra de los postulantes, por lo que las tachas solo pueden ser presentadas si hay una resolución administrativa o judicial en firme. “Eso es contrario a los estándares, el MP tarda más de 10 años en terminar los casos de corrupción y, en segundo lugar, tienen una especie de blindaje de facto por parte de la fiscal general a su equipo y sus aliados”, mencionó Muñoz.
Para el coordinador de Alianza Por Reformas ambas cosas se combinan para favorecer perfiles como el de Curruchiche.
Tener punteos bajos abre la puerta para que personas que no necesariamente tienen la capacidad profesional y experiencia formen parte de las Salas y puede ser un mecanismo para permitir la participación de actores que interesan a las redes ilícitas, señala el abogado consultado para este tema.
Escenarios en la elección de Cortes
Del 20 al 24 de agosto las comisiones de Postulación recibirán expedientes de los aspirantes, esto luego de retrasar su trabajo por 20 días al no ponerse de acuerdo para elegir su sede.
Para el abogado, existe una batalla interna en las Comisiones de Postulación entre quienes están participando con un fin a favor de la justicia y el Estado de derecho y buscan transparentar sus decisiones y aprobar los mejores criterios para evaluar; y están otros actores que representan lo opuesto, a quienes les interesa colocar piezas clave para continuar con un sistema de justicia capturado que garantice la impunidad de los actores que son parte de la alianza criminal.
Entre esos se observó a comisionados como Armando Ajín, comisionado del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), entre otros, que representan los intereses de las redes criminales. Incluso augura que es posible que en las próximas semanas pueden surgir casos penales contra comisionados, instrumentalizando el sistema de justicia penal.
De esta forma, los grupos de poder podrían presionar para ganar votos para hacer mayoría e integrar a los listados aspirantes que no llenan los requisitos constitucionales, pero que garanticen la impunidad de actores corruptos.
Sin embargo, esto también puede ser contraproducente como ocurrió en el Congreso, donde tras amenazas del diputado Allan Rodríguez, que los amedrentó con ser investigados, 110 diputados aprobaron la ampliación presupuestaria. Si no alcanzan su objetivo de amedrentar y logren que el grupo projusticia se haga más grande puede activarse un plan B, que sería prorrogar el periodo de los actuales magistrados.
Algo que subraya Muñoz es que con los 20 días que se perdieron en el trabajo de las Comisiones el daño ya está hecho. Por ejemplo, no se entrevistará a candidatos, lo cual es efecto del tiempo que perdieron “y ahí sí intencionalmente por instrucciones de afuera de la Comisión de no ceder”.
Finalmente, además de la dimensión política el proceso tiene una parte técnica al seleccionar a los magistrados y al no elegir a los candidatos idóneos los principales afectados serán los usuarios del sistema de justicia.
