Francis Arturo Peña Cifuentes, Teódulo Idelfonso Cifuentes Maldonado y Miguel Ángel Colop Hernández, son tres juristas que se desempeñan, uno en la municipalidad de Quetzaltenango y los dos en salas del Organismo Judicial de ese municipio. Los dos últimos han favorecido con sus fallos, acciones antidemocráticas y contra defensores del territorio impulsadas por el alcalde actual, Juan Fernando López Fuentes.
Por Claudia Méndez Villaseñor
Las votaciones de los comisionados que seleccionaron a 312 aspirantes a magistrados de Cortes de Apelación han favorecido a tres abogados cuya cercanía al alcalde quetzalteco, preocupa y genera malestar entre los vecinos, algunos afectados por las resoluciones y acciones de estos tres personajes.
Por ejemplo, Francis Arturo Peña Cifuentes, es mandatario judicial de la municipalidad de Quetzaltenango. De acuerdo con el Portal de Compras y Contrataciones del Estado, tiene en la actualidad cinco contratos vigentes: con la alcaldía quetzalteca, el ministerio de Salud, la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) y la municipalidad de Génova, del departamento de Quetzaltenango.
En la municipalidad de Quetzaltenango su contrato es por Q720 mil, (Q60 mil mensuales); por trabajar en febrero para el ministerio de Salud se le pagaron Q89 mil 937; en la EEMQ cobra entre Q3 mil y Q2 mil 700 mensuales y en la alcaldía de Génova, Q12 mil 500 al mes como asesor.
“En la municipalidad de Quetzaltenango Peña Cifuentes es uno de los asesores y operadores más cercanos al alcalde Juan Fernando López Fuentes, desde 2020, cuando ganó la primera vez la alcaldía”, indicó una fuente municipal que hablo con Prensa Comunitaria a condición de anonimato.
El acompañamiento jurídico de Peña Cifuentes ha sido clave en la persecución política contra los concejales opositores de Sacándole Brillo a Xela (SBX), quienes han sido blanco de ataques jurídicos por el alcalde López Fuentes, desde que asumieron los cargos en enero de 2015.
Los otros aliados
El alcalde también tiene como aliados a Teódulo Idelofonso Cifuentes Maldonado, que hoy funge como magistrado Presidente de la Corte de Apelaciones del ramo Civil, Mercantil y Familiar de Quetzaltenango y cuyos fallos han favorecido la opacidad en el Concejo de Quetzaltenango.
El 24 de junio de 2024, otorgó amparo provisional a favor de López Fuentes y ordenó que se prohibiera cualquier convocatoria y participación de los concejales de SBX a las sesiones del Concejo. Lo cual fue el argumento que utilizó el alcalde al momento de declarar vacantes los cuatro espacios de los concejales opositores, durante una reunión extraordinaria, añadió otra persona cercana a este proceso.
Cifuentes Maldonado, benefició con fallos anteriores al alcalde quetzalteco. Por ejemplo, en 2022, su resolución contribuyó a que la municipalidad hiciera oídos sordos a las demandas de los vecinos del Valle de Palajunoj, en el que se asientan 10 comunidades, abandonadas y sin servicios básicos.
En abril de 2022, organizaron protestas frente al Palacio Municipal con el propósito de exigir que se diera marcha atrás al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que de acuerdo con los manifestantes no distinguía territorios urbanos y rurales.
También demandaron, este fue el caso específico de la comunidad de Chuicaracoj, que la municipalidad trasladara del lugar el botadero de basura que carece de procesos de tratamientos de los residuos sólidos.
Pero, la demanda de agua fue la que centralizó los mensajes de las protestas. En las 10 comunidades, la municipalidad quetzalteca ha sido incapaz de brindar este servicio básico a los vecinos, dijo un vecino afectado.
Criminalizar a los líderes
Las protestas se mantuvieron por tres meses hasta que fue resuelto un recurso de amparo a favor del alcalde, presentado en la sala que preside Cifuentes Maldonado.
“Desde la alcaldía se comenzó a perseguir a los líderes comunitarios y ahora muchos piensan migrar por el acoso en el que viven”, indicó una persona del lugar. Sin embargo, por las manifestaciones el alcalde tomó revancha y mantiene cerrado y con candado un pozo de agua que tendría que funcionar para proveer de agua a los vecinos del valle. “Por venganza se mantiene apagado y las puertas encadenadas. Ni siquiera lo pagó el alcalde. Es solo porque quiere y puedo”, indicó la fuente.
El otro abogado cercano a López Fuentes es Miguel Ángel Colop Hernández, magistrado de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Quetzaltenango, quien fue el único que votó en contra de que se incorporaran al Concejo quetzalteco, los concejales opositores de SBX, en el caso abierto por la denuncia de una concejal por violencia contra la mujer.
“Hay preocupación a nivel nacional cuando se observó la participación de personajes oscuros, pero en lo local también existen y pasan inadvertidos y se cuelan en los listados. Con estos tres operadores en las Cortes de Apelación, imagine el poder del alcalde de Quetzaltenango. Se sentirá intocable”, agregó la fuente entrevistada. “Que estas tres personas integren los listados preocupa por sus acciones contra la democracia y la transparencia”, advirtió.
