Se abre el tiempo para las tachas. La sociedad civil y ciudadanía podrá presentar desde este 5 de septiembre señalamientos contra los aspirantes siempre y cuando tengan una sentencia firme, según el reglamento interno aprobado.
Por Isela Espinoza
Esta semana las Comisiones de Postulación finalizaron el periodo de análisis de las pruebas de descargo de los postulantes excluidos por el incumplimiento de requisitos de la Ley de Convocatoria e inicia la etapa crucial del proceso para renovar las Cortes.
Según el cronograma, tras la publicación en el diario oficial de la nómina de candidatos que reúnen los requisitos, continúa la recepción de señalamientos de la sociedad civil contra los aspirantes. Uno de los requisitos de las Comisiones de Postulación para postularse a cargos públicos es “contar con reconocida honorabilidad” así como idoneidad y honradez.
Sin embargo, durante la aprobación del reglamento interno, los comisionados para nominar a magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de Apelaciones votaron en su mayoría por un artículo que señala no tomar en cuenta las tachas que no tengan como base una sentencia firme. Además, rechazarán las objeciones publicadas en medios de comunicación y redes sociales sin sustento.
Con este artículo se descartarían los cuestionamientos contra personas señaladas por organismos internacionales como antidemocráticos o corruptos, al igual que aquellas que hayan estado involucradas en los casos de manipulación de Cortes. Analistas y organizaciones de la sociedad civil indican que esta decisión es un retroceso ya que estos señalamientos podrían evidenciar las acciones de algunos postulantes en contra de la justicia y democracia.
¿Qué es la honorabilidad?
“No es lo que digo yo, no es lo que dice un papel, es lo que la gente que me rodea dice de mí. Si la gente que me rodea dice de mí, ‘es una sinvergüenza’, mi honorabilidad no está reconocida, aunque yo lo diga. O si no dicen nada porque soy gris, porque no he hecho nada, tampoco soy honorable de manera reconocida”, señala en una entrevista a Prensa Comunitaria, Yolanda Pérez Ruiz, exmagistrada de Sala de Apelaciones y la primera mujer presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), sobre el significado de la honorabilidad.
Además, expuso que si los comisionados aceptan la carencia de antecedentes policiacos o penales como prueba de la reconocida honorabilidad se equivocan porque lo que no posee el postulante son antecedentes. “Pero no se puede probar con ello reconocida honorabilidad. ¿Por qué? Porque eso es una percepción de la gente”, afirmó.
“Todos estos procedimientos han sido amañados para obtener resultados que sean más convenientes para determinados sectores que son para mí los señores de Xibalbá”, agregó.
Por otro lado, Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, dijo que durante la discusión del reglamento hubo propuestas antidemocráticas que fueron aprobadas, entre ellas, que los señalamientos o denuncias contra los aspirantes deben tener sentencia firme. Explicó que, aunque exista un proceso en contra de uno de los aspirantes no será motivo de tacha ya que aún no existe una sentencia. Esto representa un retroceso comparado con elecciones de Cortes anteriores.
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“Ahora resulta que no se puede denunciar a nadie porque tiene que ser una sentencia firme y la ciudadanía, que es la que lleva las tachas, no tiene acceso a las sentencias. Entonces, ¿cómo se le cuestiona la integridad?”, comentó Ibarra en una entrevista reciente.
Para Ibarra, el perfil de idoneidad aprobado representa un retroceso al año 2009, cuando aún no existía la Ley de Comisiones de Postulación y todo se limitaba a que los aspirantes llenaran los requisitos que establece la Constitución Política de la República. Tanto el perfil de aspirantes de la Comisión de Postulación de la CSJ y el de Apelaciones son similares. “Perfil de idoneidad no es igual a requisitos”, señaló.
En una reciente entrevista refirió que, en el actual contexto, el perfil de idoneidad debió incluir requerimientos como que los candidatos no sean defensores de personajes del crimen organizado o tener vinculados con ellos, no ser asesores de narcotraficantes, no ser un juez o abogado litigante que provoque al Estado condenas internacionales o que hagan un uso abusivo de amparos.
Durante la revisión de expedientes, ambas postuladoras “perdonaron” a aspirantes errores y omisiones como descuidos en actas notariales, falta de documentos no relevantes que son exigidos en la convocatoria como el resumen del currículum, errores en legalizaciones, falta de foliación o rúbricas, entre otros.
Eso dio pie a que se aceptaran perfiles de personas, que en los últimos años, han sido cuestionadas por judicializar o criminalizar a periodistas, defensores de derechos humanos y exjueces y operadores de justicia anticorrupción.
Entre los personajes cuestionados figura el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; y el esposo de la fiscal general, Consuelo Porras, Gilberto de Jesús Porres.
También figuran varios magistrados que fueron señalados en el caso Comisiones Paralelas 2020, sobre la manipulación en la elección de Cortes en 2019 y exmagistrados que emitieron fallos a favor de personas acusadas en casos de corrupción.
Sin embargo, para Ibarra “la colonización de la Corte de Apelaciones” la pueden lograr otras personas con bajo perfil. “En charlas de pasillo se escuchó que los comisionados habían recibido llamadas pidiendo que si en su terna les tocaba el perfil del expediente del fiscal regional (Dimas Jiménez y Jiménez) que por favor lo trataran bien porque era de especial interés para la señora (Consuelo Porras). Todo el mundo piensa en Curruchiche y Cinthia Monterroso, pero hay otros nombres que no sabemos y pueden ser los verdaderos colonizadores del poder judicial”, agregó.
La primera etapa del proceso se realizó, del 30 de julio al 18 de agosto, que se entrampó por la definición de la sede para realizar las sesiones y resguardar los expedientes. El traslado hacia la Corte Suprema de Justicia o hacia el Congreso fue promovido por los magistrados del Palacio de Justicia, los decanos de la USAC y Universidad Regional, así como algunos representantes del CANG.
La tabla de gradación a medida
La tabla de gradación es otra herramienta aprobada y cuestionada por las organizaciones ya que aseguran fue hecha a la medida para favorecer a los actuales magistrados que están en el cargo desde 2014 y 2023.
En la tabla de gradación se toma en cuenta la experiencia profesional de los aspirantes, los méritos académicos y la proyección humana. Los méritos académicos tienen la puntuación más alta tomando en cuenta que muchos candidatos plagian sus tesis o realizan doctorados de tres meses.
“No basta ser abogado para ser un buen magistrado. Hacen falta muchas cosas, así como hablando de medallas y olimpiadas, el maratonista no va a ser buen corredor de los 100 metros o viceversa. Insisto que el elemento humano es fundamental en cualquier cambio, ya sea de parte de los que pedimos el cambio o de parte de los que tienen que hacer el cambio”, agregó Pérez Ruiz.
En los últimos días, autoridades indígenas, observadores nacionales e internacionales también han pedido a las Comisiones de Postulación “no votar a quienes han sido tachados” en la lista Engel y la Ley Magnistky de los Estado de Estados Unidos que incluyen a actores corruptos y antidemocráticos y a postulantes que han sido declarados persona no grata por otros países y organismos internacionales.
Ahora, la postuladora de Salas de Apelaciones aprobó en su cronograma recibir el 8 de septiembre los señalamientos, del 9 al 13 se hará el descargo de señalamientos, el 14 de se conocerán las pruebas de descargo y del 15 al 17 y 19 de se evaluarán los expedientes conforme la tabla de gradación. Otras fechas clave son el día de la votación para la integración de las nóminas que será el 20 y 21 y del 24 al 26 de este mes, se hará la recepción y conocimientos de impugnaciones.
Mientras, la Comisión de la CSJ recibirá, del 5 al 7 de septiembre, los señalamientos e impedimentos en contra de los postulantes, el 8 serán evaluadas las tachas para el día siguiente notificar a los postulantes sobre los señalamientos en su contra. Del 10 al 13, los postulantes podrán presentar las pruebas de descargo y el 22 de elaborarán la nómina.
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