El informe preliminar de la Misión de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), señala al Ministerio Público, bajo la dirección de Consuelo Porras, de la intención de criminalizar a comisionados. También, señaló el conflicto de interés de las y los comisionados que se postularon para las magistraturas.
Por Simón Antonio Ramón
A pocos días de que las Comisiones de Postulación concluyan las nóminas finales de magistradas y magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones, que serán trasladadas al Congreso para su designación, la Misión de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó su informe preliminar en el que señala que el actual proceso de renovación de Cortes no llena los estándares internacionales de transparencia e independencia.
El informe señaló que solo el 13 por ciento representa la participación de las mujeres en las Comisiones de Postulación y solo hay una mujer indígena. Además, el proceso tuvo retardos significativos, tanto en la convocatoria en el Congreso como el entrampamiento “sin precedentes” de discusiones sobre las sedes de las sesiones.
Los hallazgos: lejos de los estándares internacionales
Una de las situaciones que rompe los estándares internacionales en la elección de magistrados, es la injerencia del Ministerio Público. “Entidades claves como la CIDH han documentado las acciones e interferencias indebidas y arbitrarias por parte del Ministerio Público en la independencia del poder judicial en Guatemala”, señala el informe.
Está situación, a consideración de la Misión, limitó a profesionales para no exponerse a ser criminalizados por el Ministerio Público bajo la dirección de Consuelo Porras. “El Ministerio Público inició una investigación contra algunos comisionados por una denuncia anónima que afirmaba que se habían reunido con una exfiscal, y citó a miembros de las comisiones a rendir declaración, aunque tenían registros y evidencias de que las acusaciones no eran verdaderas”, afirma el informe.
La misión señaló que la participación de personas con denuncias públicas de actos de corrupción le resta credibilidad al proceso. “Por ejemplo, 11 personas sancionadas por Estados Unidos en la Lista Engel entregaron su expediente a las Comisiones Postuladoras. Entre ellos se encuentran personas señaladas de socavar procesos democráticos. De igual forma participan otros actores que tuvieron participación directa en el caso de Comisiones Paralelas 2020”, detalla el informe.
El documento también señala los conflictos de interés que surgen a partir que 33 comisionados se postularon a magistrados en ambas cortes a pesar de los múltiples llamados para abstenerse. “La Misión tomó nota que 33 comisionados se postularon a uno o a los dos procesos de elección de magistrados, lo que representa un grave conflicto de interés que no puede seguir sucediendo”.
El temor de seguir en lo mismo
La jefa de la Misión de Observación, Rosa Celorio, dijo que en sesiones con organizaciones y actores sociales, han percibido desconfianza en el proceso de elección. “El temor es que sea un proceso diseñado para amañar, ratificar o para extender el tiempo de los que ya están desempeñando el cargo”, informó.
A pesar de ese escenario, señaló que han observado el acceso de la población al actual proceso. “Hemos visto algunos pasos que han dado más transparencia que a otros procesos en el pasado, el acceso al público más que en el pasado, pero por supuesto no es un proceso perfecto”, señaló.
Celorio informó que la Misión de Observación emitirá un informe final, en donde recomendaron reformas legales que son necesarias para la elección de jueces con la finalidad de limitar la participación de funcionarios sin honorabilidad ni méritos para impartir justicia.
La jefa de la Misión pidió a las Postuladoras y al Congreso realizar las elecciones con transparencia y publicidad, idoneidad, honorabilidad y capacidad de las y los aspirantes a magistrados de la CSJ y Cortes de Apelaciones para el periodo 2024 a 2029.
