La CC aceptó una apelación presentada por la PGN y el IGSS, que logró revocar el amparo otorgado a la empresa Represa Internacional, Sociedad Anónima, que se encuentra embargada por la investigación conocida como “Caso Fénix”, en el que se juzga la supuesta sustracción de más de Q350 millones del IGSS.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) aceptó una apelación presentada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y detuvo la orden de la Sala Primera de Mayor Riesgo para devolver una propiedad de la empresa Represa Internacional, Sociedad Anónima, que se encuentra embargada por la investigación conocida como “Caso Fénix”, en el que se juzga la supuesta sustracción de más de Q350 millones del IGSS.
La empresa que había sido beneficiada con el levantamiento del embargo de su propiedad, según la investigación de la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), está relacionada con Gustavo Herrera, conocido como el “Gato Herrera”, también favorecido recientemente con la anulación de la orden de captura en el Juzgado de Mayor Riesgo “D” que dirige Abelina Cruz.
Consta en los antecedentes del caso que la propiedad consiste en un inmueble ubicado en el departamento de El Progreso, inscrito ante el Registro General de la Propiedad como finca número ciento treinta y uno (131), folio ciento treinta y uno (131), del Libro 63 de El Progreso, inmueble propiedad de Represa Internacional, SA.
Esa es la misma entidad que aparece en el caso, y que según la tesis fiscal, fue utilizada por el “Gato Herrera” para supuestamente canalizar los fondos sustraídos del IGSS y darles apariencia de legalidad. “Existen hechos probados que sirven para acreditar la procedencia ilícita del dinero y la existencia de una empresa criminal estructurada, cuyas personas naturales están relacionadas con el caso actual y ya fueron sentenciadas por el delito de peculado, entre otros, mas no por lavado de dinero”, indica la acusación.
Con el fallo de la CC, se anula la resolución que dio la razón a la empresa y el bien inmueble debería continuar embargado. A criterio de la máxima corte constitucional, la entidad no presentó el recurso idóneo contra la resolución que inicialmente ordenó mantener el embargo. “La entidad postulante al haber presentado la solicitud antes referida y, por ende, habiendo argumentado la procedencia de esta, no le era dable interponer contra lo decidido el recurso de reposición”, se lee en la resolución.
“Con lugar los recursos de apelación interpuestos por la Procuraduría General de la Nación, tercera interesada y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tercero interesado, como consecuencia se revoca la sentencia apelada y, resolviendo conforme a derecho: a) Deniega el amparo solicitado por la entidad Represa Internacional, Sociedad Anónima, contra el Juez Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con Competencia para Conocer Procesos de Mayor Riesgo, Grupo “D” del departamento de Guatemala”, concluye la CC.
El caso que no tuvo avances
El caso Fénix es una de las investigaciones que evidenciaron graves hechos de corrupción en el IGSS, sin embargo, con los cambios de fiscales ordenados por Consuelo Porras esta pesquisa no tuvo avances ni nuevos resultados. Al contrario, el Ministerio Público (MP) ahora persigue a quienes la tuvieron a cargo, entre ellos, la exjueza Erika Aifán y Juan Francisco Sandoval.
La investigación identificó el delito de lavado de dinero, cometido supuestamente por una organización criminal que utilizó diferentes tipos de empresas (sociedades anónimas, sociedades limitadas y off shore) de propiedad o relacionadas con Herrera Castillo, para lavar el dinero obtenido de manera ilícita, producto de un contrato de tipo fiduciario que se había formalizado entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) (Fideicomitente Adherente Inversionista – Fideicomisario), Grupo Empresarial UNISERV S.A. (Fideicomitente-Fideicomisario) y el Banco Uno S.A. (Fiduciario).
Según la FECI, el grupo criminal conformado por personas físicas y jurídicas, utilizó el sistema financiero, a través de complejas transferencias de fraccionamiento en moneda local y extranjera, lo que finalmente les permitió dar apariencia legal y ocultamiento al dinero de origen ilícito.
El lavado del dinero que se sustrajo de los fondos de los Programas de salud del IGSS, a través del Fideicomiso de vivienda, se había comenzado a investigar como resultado de un informe de la Superintendencia de Bancos, Intendencia de Verificación Especial IVE No. 829-2004 de fecha 21 de Julio del año 2004 dentro del Expediente No M0001-2003-167, así como la denuncia formulada por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de fecha 24 de enero de 2005, lo que motivó la apertura del Expediente No. MP510-2005-3 en la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y otros activos. La investigación fue desestimada ante el juez contralor del caso, el 27 de agosto de 2014.
Pero, luego el caso fue reabierto por la FECI y CICIG, fue así como se estableció la aparente existencia de una estructura criminal organizada para lavar dinero.
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Anulan orden de captura
El pasado 13 de septiembre, se conoció que la jueza Abelina Cruz ordenó anular la orden de captura que estaba vigente contra Gustavo Herrera, uno de los supuestos líderes de la estructura, quien estuvo prófugo de la justicia desde 2019. No pudo ser capturado porque estuvo bajo protección de Nicaragua, que le otorgó asilo político.
Herrera y sus familiares fueron señalados por los delitos de conspiración para la comisión de lavado de dinero u otros activos. La FECI también lo vinculó en el presunto amaño de los procesos de elección magistrados de Sala y CSJ para el periodo 2014-2019.
