Los médicos revisaron unas 2,000 páginas del expediente médico a petición de Human Rights Watch y cuestionaron al gobierno salvadoreño por no haber iniciado una pesquisa “seria, imparcial y efectiva”
Por Héctor Silva Ávalos
El gobierno de El Salvador ha sido, hasta ahora, incapaz de demostrar que no tiene responsabilidad en la muerte de Alejandro Muyshondt, el asesor de seguridad nacional del presidente Nayib Bukele que murió el 7 de febrero de 2024 cuando estaba bajo custodia del Estado salvadoreño después de seis meses de arresto en los que no vio a su familia y en condiciones que oficinas de las Naciones Unidas han calificado como desaparición forzada, concluyó el Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de la Tortura (IRCT) en un informe elaborado por expertos forenses a petición de la organización Human Rights Watch (HRW).
“Hacemos notar que el señor Muyshondt presuntamente falleció, estando en custodia del Estado, el 7 de febrero de 2024 después de ser detenido por la policía el 9 de agosto de 2023 y de haber estado incomunicado y ser sujeto de desaparición forzada por varios meses. En estas circunstancias, la República de El Salvador tiene la obligación legal de establecer que la muerte de Muyshondt no fue causada de forma deliberada o negligente por acciones u omisiones de sus representantes e instituciones”, dice el informe, que este día fue publicado por HRW.
El caso de Muyshondt ha generado cuestionamientos sobre el rol del Estado salvadoreño, presidido por Nayib Bukele, en el encarcelamiento y la muerte del exasesor, sobre todo tras las publicaciones de investigaciones periodísticas que revelaron contradicciones en los reportes que la familia recibió de los médicos que lo atendieron, incluidas dos actas de defunción diferentes.
Desde la muerte del exasesor ningún funcionario ha dado alguna explicación a esas contradicciones o ha aclarado porque las autoridades sanitarias y policiales le impidieron contacto familiar a pesar de que fue sometido al menos a ocho intervenciones quirúrgicas. El solo hecho de no consultar este tipo de procedimientos médicos de alto riesgo con familiares cercanos constituye un maltrato y un acto de tortura de acuerdo con legislación internacional reconocida por El Salvador.
Alejandro Muyshondt murió en el Hospital Saldaña de San Salvador, donde estaba recluido tras ser acusado por la fiscalía que controla Bukele de varios delitos relacionados con supuesta divulgación de secretos estatales. Una investigación publicada por Prensa Comunitaria reveló que Muyshondt conocía de primera mano información sobre corrupción en el gobierno, en específico en la Dirección General de Centros Penales, y de posibles nexos de un diputado aliado al oficialismo con narcotráfico. La detención del exasesor ocurrió luego de que él hizo públicos algunos de esos señalamientos y otros similares, como acusaciones de corrupción al secretario de prensa del presidente, Ernesto Sanabria.
También, Muyshondt tenía información que comprometía a los hombres más poderosos del gobierno con actividades ilegales, como audios de conversaciones con Ernesto Castro, secretario privado de Bukele entre 2019 y 2021 y, desde entonces, presidente del Poder Legislativo. En una reunión realizada a mediados de 2020, Castro pidió a Muyshondt espiar a periodistas y a miembros de la oposición política.
Esa investigación también reveló que Muyshondt fue hospitalizado luego de permanecer varias semanas en una bartolina de la Policía Nacional Civil en la que recibió la visita de Roberto Hernández Herrera, un oficial al que la inteligencia policial perfiló como torturador. “Nos preocupa especialmente la falla del Estado al no llevar a cabo una investigación transparente de la muerte y de su desaparición forzada y de las sospechas públicas de que el señor Muyshondt fue sometido a torturas y maltratos desde su detención”, dice el informe del IRCT.
El equipo médico que lo recibió en el Saldaña en septiembre de 2023 anotó como causa de ingreso un accidente craneoencefálico. Desde que llegó al hospital, Muyshondt era incapaz de valerse por sí mismo, de controlar sus esfínteres o de hablar bien. La falta de explicaciones respecto a la causa del ingreso es uno de los puntos señalados en el informe de IRCT: “el trauma cráneo encefálico es una de las causas más comunes de la hemorragia cerebral, que es la causa anotada como razón para su admisión en el hospital el 28 de septiembre de 2023. Desafortunadamente… no hemos visto imágenes radiológicas que establezcan si el señor Muyshondt sufrió de una hemorragia y si esa condición se debió a una enfermedad o a un trauma”.
En general, los forenses del IRCT establecen en su reporte que el registro hospitalario al que tuvieron acceso tiene un “nivel de desorganización” que “representa una deficiencia significativa en el proceso de atención hospitalaria, ya que dificulta la capacidad del paciente, la familia u otros para comprender y hacer un seguimiento de la condición de salud del individuo y del tratamiento y cuidados proporcionados”.
Miembros de la familia Muyshondt han confirmado a Prensa Comunitaria que nunca se les permitió el acceso a su pariente y que no pudieron verlo desde que fue arrestado en agosto de 2023. En el expediente médico, además, consta que médicos del Saldaña realizaron las cirugías sin permiso de los familiares, ya que, según anotó uno de los doctores que lo atendió, “la situación jurídica” del paciente “dificultaba” el acceso a la familia. Lo cierto es que los familiares tampoco fueron informados de los avances del proceso judicial y que la justicia salvadoreña les negó una petición para que el Instituto de Medicina Legal examinara su condición de salud, algo que es común en caso de desapariciones forzadas en las cárceles de El Salvador desde que el gobierno de Nayib Bukele decretó el régimen de excepción en marzo de 2022.
Un tuit, la única explicación oficial
Ningún médico, policía, fiscal o funcionario de la casa presidencial de El Salvador han dado explicación alguna sobre la muerte de Alejandro Muyshondt en las circunstancias irregulares que hoy el panel de forenses expertos de IRCT confirma, algunas de las cuales ya las investigaciones periodísticas habían señalado. Nadie. Los únicos que han dicho algo, casi siempre mentiras, son las decenas de troles cibernéticos que suelen activarse para defender la gestión de Bukele luego de que publicaciones periodísticas desvelan irregularidades, corrupción o sospechas de crímenes cometidos por su administración. Se han pronunciado los troles y un hombre que, sin tener un cargo público, decide sobre fondos del Estado y políticas públicas: Ibrajim Bukele, el hermano del presidente.
El pasado 11 de octubre, Ibrajim Bukele hizo una publicación en su cuenta en X en la que se refirió a la muerte de Muyshondt y la atribuyó a una condición médica previa al encarcelamiento. “Tenía una enfermedad terminal Muyshondt. Hasta doctores de otros países se mandaron a traer (sic) para atenderlo, sabiendo lo que iba a generar su muerte”, escribió el hermano del presidente. Lo expuesto en esa publicación es, de acuerdo con las pruebas disponibles hasta ahora, falso o inexacto.
A Alejandro Muyshondt nadie le había detectado o diagnosticado una enfermedad terminal antes de que lo arrestaron en septiembre de 2023. Cuando fue ingresado los médicos listaron como razón de la hospitalización, como se ha anotado, un accidente craneoencefálico que generó una hemorragia cerebral. Las condiciones en las que el paciente llegó al Hospital Saldaña -sin control de esfínteres, sin poder hablar adecuadamente, con capacidad de movimientos disminuida- y las que se presentaron luego -parálisis facial y de extremidades- no existían antes de su captura ni de la hemorragia.
A finales de enero de 2025, pocos días antes de su muerte, según consta en el expediente médico que analizó IRCT, basados en un examen de laboratorio, los médicos diagnosticaron cáncer gástrico a Muyshondt. Esto ocurrió poco después de que sufrió una infección tras ser sometido a una cirugía estomacal.
El estudio recién publicado por HRW, basado en los hallazgos de los forenses especializados del IRCT, pone en duda ese diagnóstico. “Los expedientes hospitalarios detallan un conjunto complejo de diagnósticos y condiciones desde que el señor Muyshondt fue admitido en el hospital el 28 de septiembre de 2023, incluidos meningitis, hemorragia cerebral, fallo multiorgánico, shock distributivo, infarto, hipertensión arterial neoplasia gástrica (cáncer estomacal), y metástasis. Aunque se supone que los expedientes están completos, no cuentan con de pruebas claves de laboratorio y evidencia radiológica necesaria para confirmar estas condiciones”, dicen los especialistas.
Sobre el supuesto cáncer, en específico, apuntan: “La neoplasia gástrica (cáncer estomacal) está confirmada por estudios patológicos, pero no hay documentación que detalle el tiempo y método (de recolección) de las biopsias”. Es ese diagnóstico, el del presunto cáncer, el único que habla de una enfermedad terminal, uno de los que fue anotado sin evidencia de laboratorio o al menos sin que este se detallara en el expediente, menos de dos semanas antes de la muerte de Muyshondt.
Los test tampoco confirman la falla multiorgánica que fue listada, en el acta de defunción levantada en el hospital el 7 de febrero de 2024, como causa de muerte, concluye el informe.
Otra irregularidad: El 20 de enero de 2024, una ultrasonografía reveló una masa hepática, sin embargo, las biopsias para determinar qué ocurría en el hígado están fechadas un día antes de la muerte.
Tampoco hay en los récords evidencia de que médicos extranjeros o “de otros países” hayan examinado a Alejandro Muyshondt, al menos no en el expediente que las autoridades entregaron a sus familiares y que ahora han estudiado los especialistas forenses. Prensa Comunitaria verificó que los 12 médicos que tuvieron acceso al paciente, o al menos los listados en el expediente, son salvadoreños y atienden regularmente en el sistema hospitalario público.
Al señalar todas estas irregularidades, el informe de IRCT reitera que, por el solo hecho de que la muerte ocurrió bajo custodia del Estado de El Salvador, este es responsable de la misma hasta que no demuestre lo contrario, según la legislación internacional. “Hay una presunción de responsabilidad del Estado en casos de muerte bajo custodia… la presunción solo puede ser refutada a través de una investigación apropiada que demuestre que el Estado ha cumplido con sus obligaciones.”
Dicen más los forenses: “Las autoridades están obligadas a iniciar de oficio una investigación seria, imparcial y efectiva”. Eso, hasta ahora, no ha ocurrido.
Ya en julio pasado la Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de su relatoría sobre ejecuciones extrajudiciales y su grupo de trabajo sobre detenciones forzadas, pidió explicaciones oficiales al Gobierno de El Salvador sobre el encarcelamiento y muerte de Alejandro Muyshondt. El gobierno de Bukele respondió a la ONU, pero lo hizo de forma privada, como es potestad de los Estados miembros. La Fiscalía General de la República (FGR) no ha iniciado investigación alguna sobre la muerte; tampoco lo ha hecho el Ministerio de Salud, bajo cuyo cargo estuvo el exasesor presidencial más de cuatro meses.
La IRCT, en su informe, pide al gobierno de Bukele que entregue a la familia de Alejandro Muyshondt el expediente médico completo y la autopsia que le fue practicada, que detalle los pasos de las investigaciones emprendidas para aclarar esta muerte y corrija las carencias de esas investigaciones si es que existen, y que permita, si la familia lo solicita, que se exhume el cadáver. “Aunque quizá no sea posible extraer muestras de tejidos para confirmar sus enfermedades o realizar estudios toxicológicos debido a que ya pasaron más de 10 meses desde su muerte, la exhumación puede ayudar a revisar sus lesiones y cualquier alteración en sus huesos. Además, si el cadáver del señor Muyshondt fue embalsamado con sus órganos en su lugar, puede ser posible examinar tejidos blandos incluso si estos no son útiles para estudios microscópicos”, sugieren los expertos.
Más allá del tuit de Ibrajim Bukele, escrito en el contexto de cuestionamientos a la familia presidencial por compras millonarias de bienes raíces, el Estado salvadoreño sigue guardando silencio respecto a la muerte del hombre que supo secretos de corrupción y escándalos de espionaje a periodistas y opositores en la entraña misma del gobierno de Nayib Bukele.
