Han pasado 45 años de la masacre en la embajada de España. La Copadeh, en nombre del gobierno de Bernardo Arévalo, asumió la responsabilidad del Estado.
Por Simón Antonio Ramón
El gobierno de Guatemala reconoció la responsabilidad del Estado en la masacre ocurrida durante la quema de la embajada de España en la que murieron 37 personas.
El incendio fue provocado por agentes de la Policía Nacional (PN) el 31 de enero de 1980. En ese hecho murieron pobladores indígenas integrantes del Comité de Unidad Campesina (CUC), que venían del área Ixil de Quiché, entre ellos Vicente Menchú, padre de Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de La Paz 1992.
También murieron estudiantes universitarios del Frente Estudiantil Revolucionario Robin García (FERG) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), estudiantes de nivel medio y personal de la embajada. Solo dos personas sobrevivieron, el embajador de turno Máximo Casal y el campesino Gregorio Yujá Xoná, quien sobrevivió con graves heridas y fue trasladado a un hospital privado, de donde fue secuestrado y asesinado, posteriormente su cuerpo fue dejado en el campus central de la USAC en la zona 12 de la ciudad de Guatemala.
Días previos a la masacre, la delegación campesina e indígena visitó a varios medios de comunicación para denunciar la represión y persecución que sufrían en sus comunidades por parte del Ejército de Guatemala, pero no fueron escuchados. Ante la falta de respuesta decidieron ocupar la embajada de España, y demandar la creación de una comisión para que investigara los hechos.
🌹 ¿Querés saber qué ocurrió el 31 de enero de 1980 en la sede de la embajada de España? 🔎#MemoriaViva
Acá un breve repaso de los hechos y los actores 📝 pic.twitter.com/3RZxy1NbKC
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) January 31, 2025
La responsabilidad del Estado
En el acto de la conmemoración de los 45 años de la masacre, actividad organizada por grupos sociales, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), reconoció en nombre del gobierno de Guatemala, la responsabilidad del Estado.
“Nos resulta más que evidente la necesidad que una representación del Estado, en este caso el Organismo Ejecutivo haga un reiterado reconocimiento de la responsabilidad estatal en este acto de brutalidad criminal que sigue siendo motivo de vergüenza para Guatemala”, dijo Edgar Celada, en representación de la dirección de la COPADEH en el acto de conmemoración al develarse la placa que se colocó en la 10 calle y 6 avenida de la zona 9, donde se ubicaba en ese entonces la sede de la embajada de España.
La represión estatal contra las familiares en resistencia
En el acto participó Rafael González, integrante del CUC, hermano de una de las 37 personas que fallecieron en el lugar. Esta masacre desató el terror y la represión del Estado en contra de la población y la insurgencia que llevaba más de dos décadas enfrentándose a las fuerzas armadas.
Emilia Sequen y su familia vivían en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, cuando ocurrió el hecho. Su esposo, José Yol murió en ese incendio. Sequen señaló que a la fecha el Estado aún no cumple con las medidas de resarcimiento por este hecho. “Cuando falleció mi esposo aquí yo no pude venir porque estaba embarazada de una nena, no me dejaron que yo me viniera, yo me quedé en la casa con seis niños”, contó.
“Yo tuve que trabajar, no les di clases porque no tenía dinero, yo no tenía como ayudarles en ese tiempo y tuve que trabajar, tuve que abandonar mi casa porque nos perseguían, tuve que salir con mis hijos a otro lugar”, dijo Emilia. Afirmó que algunos de sus hijos aprendieron a leer y escribir por su cuenta.
Un sentenciado y prófugo de la justicia
El 19 de enero de 2015 fue sentenciado a 90 años de prisión Pedro García Arredondo, exjefe del Comando 6 de la Policía Nacional, por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de la humanidad, según el Tribunal de Mayor Riesgo B.
En el proceso penal fueron acusados Donaldo Álvarez Ruiz, quien fungía como ministro de Gobernación, actualmente sigue prófugo de la justicia; Germán Chupina Barahona, exdirector de la Policía Nacional; y el expresidente de facto Óscar Mejía Victores.
