Después de un año de gobierno, la organización internacional Freedom House apuntó que el principal reto de la administración de Bernardo Arévalo es el Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras, quien se encuentra sancionada en múltiples países.
Por Prensa Comunitaria
La Fiscalía ha obstaculizado las investigaciones anticorrupción, ha detenido a miembros de Semilla, ha abierto nuevas investigaciones contra el presidente y ha seguido procesando a jueces y defensores de derechos humanos que trabajaron en casos de corrupción.
De esa manera, Freedom House, una organización con sede en Washington D.C., describió el trabajo del Ministerio Público de Consuelo Porras, a cuyo órgano estatal calificó como el “mayor desafío” del gobierno de Bernardo Arévalo.
Es más, la entidad internacional destacó que bajo la ley actual, el presidente tiene prohibido destituir a la fiscal general. También recordó que en 2024 intentó cambiar la legislación para despedirla, pero el Legislativo ignoró la propuesta.
Para esta organización, el Congreso de la República es otro de los “grandes obstáculos” del mandatario. “Su partido, Movimiento Semilla, controla solo 23 de los 160 escaños, lo que dificulta el avance legislativo”, dice la organización.
Freedom House dijo que en el último año se “lograron algunos avances, pero la reforma sigue viéndose inhibida por vestigios de los gobiernos anteriores y élites poderosas que se han beneficiado de la corrupción”.
Lo anterior, según el ente, sugiere que, si bien el daño a las instituciones democráticas se acumula rápidamente, los esfuerzos de reparación pueden ser lentos. “Reconstruir las instituciones dañadas es una tarea ardua, pero posible”, subraya el informe.
Por eso, Freedom House señala que el país es “parcialmente libre” y le otorgó una puntuación de 48 puntos sobre 100. El año pasado, la calificación fue de 46. Es decir, la mejora en esta ocasión fue mínima.
Para la asignación de la nota, la entidad internacional evalúa el estado del pluralismo político, el proceso electoral, el funcionamiento del gobierno, la libertad de expresión y de creencias, el Estado de derecho, entre otros aspectos.
Para el caso de Guatemala, el estudio reveló que las elecciones periódicas, en general, son libres, pero el “crimen organizado y la corrupción afectan gravemente el funcionamiento del gobierno”, y las víctimas de la violencia tienen pocos recursos para acceder a la justicia.
“Los periodistas, activistas y funcionarios públicos que se enfrentan a la delincuencia, la corrupción y otros problemas delicados corren el riesgo de sufrir ataques y persecución judicial”, concluye Freedom House.
