La discusión se dio durante la audiencia pública en la participaron organizaciones de la sociedad civil, exoperadores de justicia criminalizados y representantes del Estado guatemalteco.
Por Simón Antonio Ramón
Exoperadores de justicia denunciaron la criminalización que implementa el Ministerio Público (MP) de Guatemala en audiencia virtual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su 192 Periodo de Sesiones.
En la misma participaron el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, la abogada Flor de Maria Gálvez, exmandataria de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG); y representantes de la Convergencia en Derechos Humanos, quienes señalaron la necesidad de un mecanismo para evaluar el desempeño del MP como lo planteó la CIDH en la visita in loco a Guatemala el año pasado.
El exjefe de la FECI señaló la interferencia del MP, de Consuelo Porras, en la elección de para la renovación de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Para Sandoval, esa intromisión garantiza la influencia de actores externos que persiguen a exfiscales.
“La no elección de cortes independientes conlleva varios riesgos a la justicia y a la democracia”, advirtió. Dijo que uno de los riesgos que puede devenir a partir de la elección de las actuales cortes es la continua persecución política que se ha denunciado en los últimos años.
“Las consecuencias de esos vicios ya las estamos viviendo. Hay mayor persecución judicial porque los magistrados fueron elegidos bajo influencias de grupos de poder. La criminalización se mantendrá y intensificará, hay falta de independencia judicial, los criminalizados no hemos tenido acceso al debido proceso ni a una justicia imparcial”, señaló Sandoval.
Flor de María Gálvez dijo que la persecución que implementa el MP es parte de la criminalización, prisión y destierro; y en lo social, genera temor social, usando las redes sociales con netcenters que crean narrativas previas contra su reputación, y citó los casos de los exfiscales Eduardo Pantaleón, Samari Gómez y Orlando López, quienes meses después de estar en prisión fueron declarados inocentes.
“A la fecha se ha logrado documentar que 60 operadores de justicia han sido criminalizados entre los que se encuentran juezas, jueces, magistradas y magistrados, fiscales, exmandatarios de la CICIG, abogados, abogadas y defensores; de ellos 48 tuvieron que salir del país, y en su contra se han presentado 246 denuncias penales, todas y todos han sufrido hostigamiento en redes sociales, 26 tienen ordenes de aprehensión pendiente”, señaló.
También denunció el caso del exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción y de la Fiscalía contra el Tráfico de Personas, quien fue traslado de la primera fiscalía a otra y removido previo a su detención. A la fecha se han suspendido 10 audiencias y 13 meses en prisión preventiva.
Naomi Rodríguez, integrante de la Convergencia por los Derechos Humanos, dijo que el Ministerio Público interfiere en procesos electorales, como el de 2023 y en casos como el de Ligia Hernández, del partido Movimiento Semilla. Esta práctica, agregó, también se activó en la elección de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala con la detención de Eduardo Masaya, integrante de la agrupación Unidad x la Justicia.
Para Rodríguez hay señales del MP de controlar los procesos de elección que se realizarán para el año 2026, como la de magistrados de Corte de Constitucionalidad (CC); de fiscal general del Ministerio Público (MP) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“La fiscal María Consuelo Porras continuará criminalizando a las personas que considere una amenaza a la cooptación del sistema de justicia que mantiene”, aseguró.
En la presentación de la postura del gobierno de Guatemala, participó Yolanda Pérez Ruiz, directora ejecutiva de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH).
Pérez reconoció en nombre del gobierno la existencia de la criminalización en el país, señalando diversos informes que han documentado ese fenómeno. “El gobierno del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera reconoce la existencia de un contexto desafiante en materia de derechos humanos, caracterizado por la criminalización de operadores de justicia y defensores de derechos humanos, así como el uso indebido del derecho penal que ha afectado hondamente la independencia judicial y la defensa de los derechos fundamentales”, dijo la funcionaria.
En representación del Ministerio Público participó Miguel Estuardo Ávila Vásquez, secretario contra la Corrupción.
Ávila sostuvo que el MP es una institución autónoma y que no está sujeta a ninguna entidad nacional e internacional; añadió las acciones de la Fiscalía se rigen a bajo el rigor de un juez, rechazando lo señalado por los exoperadores y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
“No aceptamos como Ministerio Público los señalamientos que se hacen, para eso existen los tribunales de justicia donde son verificadas las solicitudes que se presentan, en este caso si existe algún tipo de reclamación en cuanto a las acciones que realiza el Ministerio Público, estas dependen directamente de los jueces”, dijo Ávila.
CIDH: Criminalización de personas operadoras de justicia
🧵➡️ En representación del Ministerio Público, Miguel Ávila Vásquez, secretario contra la corrupción, dijo: “No aceptamos como Ministerio Público los señalamientos que se hace”. Sobre el traslado de fiscales señaló que se… pic.twitter.com/0ASKjQN3Hw
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) March 4, 2025
Respecto a los traslados de fiscales señaló que se han hecho para el fortalecimiento institucional.
A consideración de la relatora para Guatemala y vicepresidenta de la CIDH, Andrea Pochak, es evidente una fragmentación entre las instituciones estatales. “Nos vamos de esta audiencia con una sensación de que hay un diálogo que está roto, que hay oportunidades que están perdidas en este diálogo institucional que todas las instituciones del Estado tienen que tener”, señaló.
La relatora hizo hincapié en mecanismos nacionales para que el Ministerio Público rinda cuentas. “Su titular no tiene ningún mecanismo institucional independiente por medio del cuál pueda rendir cuentas periódicamente y entonces ¿cómo se hace en Guatemala cuando la persona comete un delito y se confirma que es del propio Ministerio Público”, dijo Pochak.
La vicepresidenta de la CIDH señaló que se está preparando un informe de país. Desde 2021 Guatemala figura en el capítulo 4.b del informe sobre situación de derechos humanos en la región, un grupo donde se encuentra Cuba, Nicaragua y Venezuela, señalados de violar derechos fundamentales de la población.
