El 20 de marzo de 2025 la Corte de Constitucionalidad aceptó una apelación presentada por los abogados de Toribio Acevedo Ramírez, quien durante las décadas de 1970 y 1980 trabajó como agente de inteligencia. Fue capturado el 11 de mayo de 2022 acusado de graves violaciones a los derechos humanos, lo que no impidió que le otorgaran el beneficio de la prisión domiciliaria.
Por Rolando Orantes
La mañana del jueves 20 de marzo de 2025 Toribio Acevedo Ramírez obtuvo la libertad domiciliaria por segunda vez desde que fue apresado la noche del 10 de mayo de 2022, señalado por su participación en varios crímenes de lesa humanidad. En aquella ocasión Acevedo planeaba tomar un avión desde Panamá rumbo a Alemania. Se encontraba prófugo desde el 27 de mayo de 2021.
Acevedo fue ligado a proceso el 23 de mayo de 2022, acusado de delitos contra los deberes de humanidad, desaparición forzada, asesinato y asesinato en grado de tentativa. Por la gravedad de los cargos el entonces juez Miguel Ángel Gálvez, presidente del Juzgado de Mayor Riesgo B, lo envió a prisión preventiva. Pero menos de seis meses más tarde Gálvez se vio obligado a salir al exilio, y el 28 de noviembre de 2022 la jueza Claudette Domínguez, que presidía temporalmente dicho Juzgado, decidió concederle a Toribio Acevedo prisión domiciliaria con autorización para movilizarse en tres residencias distintas, ubicadas en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y Zacapa. La jueza Domínguez consideró que no existía peligro de fuga, pese a que Acevedo fue capturado por la Interpol en un aeropuerto cuando intentaba escapar. El motivo de su resolución fueron los quebrantos de salud que el acusado dijo presentar, alegando padecimientos severos en la columna.
Nueve meses más tarde, el 26 de agosto de 2024 la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio revocó el fallo que envió a Toribio a su casa, o a sus casas, y ordenó que volviera a prisión preventiva. Y el pasado 20 de marzo Toribio Acevedo nuevamente consiguió la prisión domiciliaria gracias a una resolución de la Corte de Constitucionalidad, “garante del orden constitucional de Guatemala”, que declaró con lugar la apelación presentada por la defensa de Acevedo, indicando que la Corte Suprema de Justicia debe emitir una nueva resolución que le otorgue el amparo definitivo y así recupere la medida sustitutiva otorgada en noviembre de 2022 que le permitía seguir en libertad mientras solventa su situación jurídica, explicaron los magistrados.
Toribio según Toribio
Toribio Acevedo Ramírez nació el 1 de marzo de 1954 en Santa Lucía, Zacapa, una pequeña aldea que en 2022 contaba con 3,000 habitantes. Es hijo de Toribio Acevedo García y María Adela Ramírez Guzmán, también originarios de ese lugar. En la declaración que Acevedo Ramírez dio el 19 de mayo de 2022 en el Juzgado de Mayor Riesgo B, entonces presidido por Miguel Ángel Gálvez, contó que desde muy pequeño perdió a su padre. Según los registros municipales, Acevedo García falleció el 19 de octubre de 1963. Toribio le dijo a Gálvez que él y su familia también fueron “víctimas del conflicto armado”, pues la violencia de entonces llevó a su papá a suicidarse y obligó a su familia a dejar su aldea. Se solidarizó con lo que estaba sucediendo y señaló que le repugna que sea hasta ahora que se investiguen los hechos de violencia de aquella época.
Junto a su madre y sus seis hermanas y hermanos se mudaron a Zacapa. Ya no caminaría los dieciséis kilómetros diarios que debía cubrir a pie para llegar a la escuela, pero Toribio tuvo que atender a sus hermanos menores, aprendió a cocinar y tortear para darles de comer “y no dejarlos morir”.
En 1970 ingresó al Instituto Adolfo V. Hall de Oriente-Zacapa, donde además de ser abanderado destacó en atletismo. En 1972 se inscribió a la Escuela Politécnica —entonces ubicada en la Avenida de la Reforma 1-45, zona 10—, pero le resultó muy complicada y estuvo “a duras penas cuatro meses”, tras los que volvió al Hall.
La Partida No. 113-74 del Registro Civil de Zacapa indica que Toribio Acevedo Ramírez se casó con Secundina Cordón y Cordón el 28 de diciembre de 1974. Según la historia que contó durante su audiencia, en enero de 1975 su mamá lo mandó a buscar trabajo y la pareja tuvo que trasladarse a la Ciudad de Guatemala, pues al estar casado a Toribio no le dieron la oportunidad de recibir un curso que se impartía en el Centro de Estudios Militares y que era un requisito indispensable para trabajar como militar. Ante el juez lamentó que “ya no era nada, porque era un simple bachiller en ciencias y letras”, recalcando que le era imposible estar de alta en el ejército.
Ya en la capital Toribio buscó al coronel Chéster Reyes Carrera-Marroquín, que había sido su director en el instituto Adolfo V. Hall y quien lo puso en contacto con el presidente de la república, el general Kjell Eugenio Laugerud García. Toribio se convirtió en su asistente. Su puesto se llamaba Pasador y consistía en servirle la comida, cargarle sus cosas e ir con él a donde fuera, pues debía probar previamente todo lo que el mandatario se llevara a la boca. Aprendió a cocinar de manera profesional, y a elaborar todo tipo de tragos. A la pregunta de si trabajaba con el presidente en la Casa Presidencial declaró que “con él, directamente. En Casa Presidencial, en Casa Presidencial”. Agregó que no sabía cómo era que pagaban, pero que eran planillas, y que lo hacían “de distintas maneras”, pagándole “distintas plazas”, “de distintos salarios”.
En diciembre de 1976, durante un viaje a Zacapa, un compañero suyo murió y Toribio y sus colegas estuvieron sujetos a investigación alrededor de diez días, pero aclaró que no fueron procesados ni nada. Regresaron a la capital “y el general dijo no, no, no, cómo va a ser eso”. El asunto no tuvo consecuencias y regresó a su puesto, pero a mediados de 1977 renunció porque el salario no le convenía, dedicándose a diversos oficios: vendió ropa, maíz y frijol, y en febrero de 1978 entró a trabajar al Ministerio de Finanzas Públicas, en el área de aduanas, de donde se vio obligado a renunciar en abril de 1980 luego de descubrir y denunciar una operación de contrabando que provocó que se metiera en problemas con el entonces ministro de Finanzas, el coronel Hugo Tulio Búcaro García.
Vivió un breve exilio en Estados Unidos, donde mendigó, lavó platos y vendió verduras, pero las condiciones le resultaron muy duras y pronto volvió a Guatemala, donde obtuvo empleo en una tienda de autos a cargo de Edgar Fischer Saravia y Jaime Tabarini en la que permaneció hasta julio de 1982, cuando lo contrataron como subjefe de personal y, años más tarde, representante legal de Cementos Progreso. En 1992 se graduó como abogado en la Universidad Mariano Gálvez, sacó cursos en el extranjero, incluyendo la Universidad de Harvard. Más adelante trabajó en la instalación de la planta cementera en San Juan Sacatepéquez y fue ahí, considera, que comenzaron sus problemas. La gente lo acusaba de ser miembro del ejército, publicaban fotos suyas y aparecía en afiches de “se busca”.
Debido a esta situación en septiembre de 2017 decidió renunciar, aunque continuó prestando servicios profesionales a la empresa cementera hasta el momento de su captura, explicó. En mayo de 2021 planeaba reencontrarse con su hija, que vivía en Alemania y había padecido Covid. Hacia allá se dirigía cuando su captura lo tomó por sorpresa en el aeropuerto de Tocumen, Panamá.
Toribio Acevedo afirmó categóricamente que “jamás, nunca” estuvo de alta en el ejército, solicitó que se investigaran los hechos y que no hubiera piedad con quienes de verdad resultaran culpables.
Toribio según las acusaciones
Luego de que Acevedo terminara su relato la fiscal Elena Gregoria Sut Ren, representante del Ministerio Público, realizó la imputación: “Porque usted señor Toribio Acevedo Ramírez, conocido con el alias de El Loco, Locuaz o Lucas, con formación militar, en el contexto del conflicto armado interno, operó dentro del periodo comprendido del 29 de agosto de 1983 al 30 de abril de 1985 con estructuras clandestinas e ilegales, conformadas por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, así como colaboradores especialistas, agentes encubiertos e informantes, asignados a desempeñar cargos o funciones en otras entidades estatales o privadas en la realización de operativos en contra de personas consideradas enemigo interno, para controlarlas, neutralizarlas y eliminarlas”.
Acevedo fue acusado de participar en operaciones clandestinas e ilegales que derivaron en retenciones en centros clandestinos de detención, interrogatorios mediante diversos métodos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia y violación sexual, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, allanamientos ilegales, sustracción de bienes y operativos de vigilancia y seguimiento que provocaron el desplazamiento interno e internacional de decenas de personas.
Toribio Acevedo Ramírez está señalado de participar en la detención ilegal de Jorge Alfonso Gregorio Velásquez Soto, Marvin Girón Ruano, Alma Lucrecia Osorio Bobadilla, Amancio Samuel Villatoro, el niño Juan Pablo Armira López, Álvaro René Sosa Ramos, Mario Enrique Chávez Ovalle y Silvio Matricardi Salán; en la tortura de Álvaro Sosa, Amancio Villatoro, Silvio Matricardi, Juan Pablo Armira y Mario Chávez Ovalle; en el asesinato de Silvio Matricardi, así como en el asesinato en grado de tentativa de Álvaro Sosa, entre otros delitos graves. Todas estas acciones formaban parte de un plan común ejecutado por las fuerzas de seguridad del Estado, y quedaron registradas en el documento denominado Diario Militar, explicó la fiscal.
Juan Pablo Armira López tenía 12 años, y desde su secuestro el 10 de marzo de 1984 permanece desaparecido. El Diario Militar sólo registra que “fue enviado a Chimaltenango”. Marvin Girón Ruano, de 18 años, quien utilizaba el seudónimo Omar y los nombres falsos Héctor Manuel de León Escobar y Daniel Augusto Salguero Guzmán y era miembro del Partido Guatemalteco del Trabajo-Partido Comunista (PGT-PC) fue capturado herido tras enfrentarse a unidades de inteligencia del ejército y la policía el 28 de noviembre de 1983. Fue trasladado en un jeep hasta el Hospital de la Policía Nacional, ubicado en las instalaciones del Segundo Cuerpo, en la 11 avenida y 5a calle de la zona 1. Continúa desaparecido. El cuerpo torturado de Silvio Matricardi, miembro de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) desde 1963, fue localizado la mañana del 14 de marzo de 1984. Sobre Matricardi el Diario Militar registra: “Tipo bien preparado con una mentalidad revolucionaria notable, de tal manera que no entregó nada y en momento de dejarlo solo, mientras se trabajaba en la calle, quiso saltarse para poder evadirse, por lo que reaccionamos dándole muerte inmediatamente”. Los restos de Amancio Samuel Villatoro, sindicalista y miembro de las FAR secuestrado el 30 de enero de 1984, fueron identificados el 22 de noviembre de 2011. Se encontraban en una fosa descubierta en 2003 en el destacamento militar de San Juan Comalapa, Chimaltenango.
La fiscal indicó que dentro de los medios de investigación recabados por el Ministerio Publicó y que sustentan la imputación se encuentran la copia certificada del expediente estudiantil de Acevedo Ramírez del Instituto Adolfo V. Hall de Oriente, copias certificadas de las nóminas del Estado Mayor Presidencial, del Ministerio de la Defensa y de documentos del Cuerpo de Detectives de la Policía Nacional referentes a Acevedo, en las que queda establecida su participación en el Centro Regional de Telecomunicaciones y el Archivo General y Servicios de Apoyo del Estado Mayor Presidencial (AGSA-EMP), una unidad de inteligencia altamente secreta creada en 1964, durante la dictadura del coronel Enrique Peralta Azurdia, y que popularmente era conocida como La Regional o El Archivo.
La fiscalía presentó además la declaración de un testigo con datos bajo reserva, realizada en 2012, en la que se señala que La Regional o El Archivo funcionaba en el Callejón Manchén, ubicado detrás de la Casa Presidencial. “Uno de los jefes de grupo era Toribio Acevedo Ramírez, alias El Loco o Lucas”, dijo el testigo, señalando que “era torturador y sanguinario”. Indicó que Acevedo se graduó como subteniente de reserva del Instituto Adolfo V. Hall de Oriente y en 1975 pasó directamente a La Regional. “No llegó de alta para el ejército, sino como empleado, por lo que no lo van a encontrar en nóminas o planillas”. Sin embargo, Acevedo sí aparece en nóminas del Ministerio de la Defensa y el Estado Mayor Presidencial, donde se consigna que con el grado de sargento mayor especialista ocupó el puesto de Traductor en el Archivo General y Servicios de Apoyo del EMP.
El testigo dijo además que “cuando le hicieron el primer atentado a Colom Argueta fue Toribio Acevedo Ramírez quien tenía la consigna de matarlo, pero falló y sólo lo hirió, refugiándose Colom Argueta en una estación de bomberos”. El atentado ocurrió el 29 de marzo de 1976, y en aquella ocasión Manuel Colom Argueta denunció que previamente había sido objeto de control y vigilancia, en ocasiones por hasta cuatro vehículos, y que sus perseguidores formaban parte “de la llamada Policía Regional”, denunciando que algunos de sus jefes entre 1966 y 1976 fueron Francisco Rolando Archila Marroquín, Elías Osmundo Ramírez Cervantes y César Ramón Quinteros Alvarado. El político centroizquierdista sería asesinado el 22 de marzo de 1979, una semana después de aprobarse la inscripción de su partido, el Frente Unido de la Revolución. El testigo con datos bajo reserva agregó que “él, Acevedo, en los años 80 perteneció al grupo élite, como ellos le llamaban. Era un grupo clandestino que tenía como enlace la oficina en el Edificio El Centro. Ahora es abogado y trabaja en Cementos Progreso”.
El 21 de junio de 2023 Angélica Medinilla publicó en el medio digital Ocote el reportaje Toribio Acevedo, el largo expediente del civil del Diario Militar, donde presenta un documento del Archivo Histórico de la Policía Nacional que no figuraba en el expediente del caso Diario Militar. La periodista inicia con el relato de una violación. El 8 de diciembre de 1975 por la madrugada Toribio Acevedo Ramírez llegó al salón popular del campo de la feria de Zacapa y se llevó violentamente a una joven que bailaba, a la que violó. “Después de hacer uso sexual de la misma se la dio a unos soldados para que hicieran uso de ella”, puede leerse en el documento, que como únicos datos de elaboración dice “Zacapa, noviembre de 1976” y lleva el encabezado Antecedentes que le aparecen registrados en la Sección de Inteligencia a los individuos Roderico de Paz Mejía y Toribio Acevedo Ramírez. Este crimen no aparece en su ficha policial, y sobra decir que nunca se investigó.
Un año después de cometer la violación Toribio se vio envuelto en la muerte de un joven compañero suyo, como narró en su declaración del 19 de mayo de 2022. Los documentos policiales dan cuenta de que el 5 de diciembre de 1976 fue asesinado el subteniente de reservas militares Óscar Antonio Berreondo Méndez, que trabajaba como seguridad en la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel). Su cadáver, con cuatro heridas de bala, fue localizado en el camino a Santa Lucía, afuera del cementerio municipal de Zacapa.
El 7 de diciembre de 1976 el Juez de Paz Penal de Zacapa Arturo Marín Morales ordenó la inmediata detención de Toribio Acevedo Ramírez, Federico de Paz Mejía y Ramón Vargas, sindicados del delito de homicidio. Acevedo Ramírez y Paz Mejía trabajaban en el Centro Regional de Telecomunicaciones, y Vargas en el Cuerpo de Detectives. El 10 de diciembre de 1976 los detectives José Rodrigo García Ardón, Pedro Armando Sosa Vargas y Lauro de Jesús Salvador Ramos fueron comisionados para dirigirse a Zacapa a bordo del vehículo placas P-55066. Una de sus misiones “era la de efectuar las pesquisas relacionadas con la muerte del sub-teniente de Reservas Militares Óscar Antonio Berreondo Méndez”, cuyo cadáver con impactos de bala en el cráneo, la cara, el tórax y el brazo izquierdo fue localizado la madrugada del 5 de diciembre.
Los detectives se presentaron a la Sección de Inteligencia del S-2 de la Zona Militar General Rafael Carrera, donde los atendió “un teniente que dice apellidarse Flores”. El teniente Flores les dijo que, según las investigaciones del Servicio de Inteligencia de aquella Zona Militar, “los responsables de aquella muerte” resultaron ser Ramón Vargas, elemento del Cuerpo de Detectives, Toribio Acevedo Ramírez, “elemento del Centro Regional”, y Roderico de Paz Mejía, también detective. El teniente Flores agregó que sobre el asunto “ya se le habían rendido novedades al Ciudadano Presidente Constitucional de la República”, el general Kjell Eugenio Laugerud García, durante su visita con motivo de la feria departamental. Durante su declaración de mayo de 2022 Toribio Acevedo comentó muy de pasada que el presidente estaba enterado de este crimen.
Las investigaciones realizadas por los detectives determinaron que los asesinos robaron la escuadra calibre .45 y 150 quetzales que Berreondo Méndez llevaba consigo al momento de su muerte. El 8 de diciembre Toribio Acevedo Ramírez, Ramón Cordón Vargas y Roderico de Paz Mejía fueron consignados y recluidos en las cárceles públicas de Zacapa.
Catorce años más tarde, cuando Acevedo era ya estudiante de Derecho, solicitó la eliminación de aquel antecedente. “Cumpliendo con lo ordenado” por “la asesoría Jurídica se hace anotación de descargo del antecedente de fecha 14-12-76 por homicidio, Juzgado de Paz Penal de Zacapa, por lo que al señor Acevedo Ramírez, no le quedan antecedentes pendientes en esta dependencia a mi cargo. Guatemala, 16 de abril de 1990”.
Toribio representante legal
El nombre de Toribio Acevedo Ramírez empezó a ser mencionado durante el gobierno de Óscar Berger Perdomo (2004-2008), cuando de acuerdo al documento anónimo El aparato paramilitar y de seguridad privada de Cementos Progreso, recibido y publicado por el Centro de Medios Independientes el 4 de diciembre de 2016, fue “denunciado como integrante de un cuerpo ilegal clandestino en San Juan Sacatepéquez, que quedará plasmado en denuncias en el Ministerio Público (MP) en los expedientes MP010-2007-2382 y MP010-2007-2383”.
El documento señala que El Periódico informó el 10 de julio de 2016 que Acevedo era “asesor de seguridad y de administración de recursos humanos de una gran empresa del país, y en su momento hombre duro de la temida Regional y de inteligencia militar”. Según el documento, esa empresa era Cementos Progreso, en la que el director de El Periódico, José Rubén Zamora, trabajó durante los años 1980. “Ese factor tendría que haber influido para que en 1998 se le nombrara representante legal de la Seguridad Industrial de Guatemala, S.A. (SEISA), la empresa de seguridad privada de Cempro”.
En su introducción al documento el CMI señalaba que Acevedo Ramírez “fue mencionado en múltiples ocasiones por las comunidades productoras de flores de San Juan Sacatepéquez durante el conflicto con la cementera” que comenzó en 2005. “Es hartamente conocido que las comunidades de San Juan Sacatepéquez fueron divididas por ese proyecto cementero, y que hubo un accionar paramilitar con un escuadrón de la muerte que se encargó de infiltrar al movimiento de resistencia”.
El 12 de noviembre de 2012 el vespertino La Hora reportó que el entonces diputado Roberto Villate, jefe de la bancada Líder, una semana antes, había denunciado el acoso de una entidad denominada “la oficinita”, creada con el objetivo de desprestigiar a funcionarios, e indicó que ésta era “manejada por Roxana Baldetti, desde la Secretaría por la Transparencia, dirigida por Verónica Taracena, además de dos particulares: una persona de apellido Peña y otra denominada como Toribio Acevedo”. Villate señaló que “la oficinita” era la “encargada de elaborar trabajo de inteligencia para desprestigiar a políticos y funcionarios”, tanto de la oposición como del mismo partido de gobierno —el Partido Patriota—, y que no era “la muerte física” la que pretendían, “sino la muerte política”.
Meses antes, el 29 de febrero de 2012, Toribio Acevedo Ramírez aparecía como representante legal de la empresa Seguridad Industrial de Guatemala, S.A. (SEINSA), con domicilio en la 15 Avenida 18-01 Zona 6, Finca La Pedrera —sede de la planta central de Cementos Progreso—, según el Listado de empresas de seguridad autorizadas de la Dirección General de Empresas de Seguridad Privada. Otros militares mencionados en la lista y que tuvieron una participación destacada en la contrainsurgencia son Carlos Rodolfo Muñoz Piloña, Gustavo Adolfo Padilla Morales, César Octavio Noguera Argueta y César Augusto Cabrera Mejía.
Aunque no figura en esa lista, por entonces otro personaje vinculado a las empresas de seguridad privada era Juan Francisco Cifuentes Cano, representante legal de Asesoría, Capacitación, Servicios y Operaciones de Seguridad, Sociedad Anónima (ACSOS) hasta que el 27 de mayo fue capturado por su vinculación con hechos investigados en el caso Diario Militar. El coronel de policía Cifuentes Cano fue el comandante del Quinto Cuerpo —también conocido como Batallón de Reacción y Operaciones Especiales (BROE) y Comando de Operaciones Especiales (COE)—, un cuerpo policial contrainsurgente que trabajaba directamente con el Archivo General y Servicios de Apoyo (AGSA-EMP) y la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional (D-2).
Entre otras operaciones, Acevedo y Cifuentes Cano fueron señalados de participar en la detención ilegal y desaparición forzada del militante del Partido Guatemalteco del Trabajo-Partido Comunista (PGT-PC) Marvin Girón Ruano, el 28 de noviembre de 1983. La misma fecha en que, treinta y nueve años más tarde, la jueza Claudette Domínguez decidió otorgarle la prisión domiciliaria a Toribio Acevedo Ramírez.
