Jose Rubén Zamora, el exdirector de elPeriódico y uno de los periodistas más influyentes de Guatemala, acaba de cumplir 800 días preso. La llegada de Bernardo Arévalo a la jefatura del Estado permitió que terminarán las torturas en prisión, pero el poder intacto del Ministerio Público de Consuelo Porras sigue evitando que Zamora salga libre. Prensa Comunitaria conversó con José Carlos Zamora, hijo del periodista, sobre estos 800 días, el camino hacia adelante y la célula criminal que maneja la justicia guatemalteca.
Por Héctor Silva Ávalos
Es un cambio pequeño, mínimo, pero en una cárcel como esta puede hacer una diferencia enorme. Jose Rubén Zamora ya puede salir por periodos más largos de su celda a caminar en el pequeño espacio abierto en el que antes solo podía estar una hora. También le han permitido instalar un precario calentador de agua y dejar abierta la puerta durante más tiempo. Los cambios ocurrieron cuando Alejandro Giammattei, el anterior presidente, dejó el poder.
Zamora perdió la libertad hace más de 800 días, el 29 de junio de 2022, después de que elPeriódico, que él dirigía, reveló en varios reportajes casos de corrupción en lo que el protagonista era, precisamente, el presidente Giammattei. El Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, aliada política del exmandatario, se inventó un caso de supuesto lavado de dinero para meter preso a Zamora.
Tras la captura, la Organización de Naciones Unidas, media docena de organizaciones internacionales de derechos humanos y gobiernos como el de los Estados Unidos o la Unión Europea reconocieron que el caso del MP es un montaje, que hay suficientes sospechas de que Giammattei estuvo implicado en actos de corrupción y que Zamora es un preso político. En Guatemala, además, a Giammattei le sucedió Bernardo Arévalo, un socialdemócrata que ha hecho de la destitución de la fiscal general Porras uno de sus principales objetivos políticos. A pesar de todo eso, Jose Rubén Zamora sigue preso.
“Terminó el hostigamiento a diario, pero él sigue detenido arbitrariamente, no ha tenido un juicio justo, se han violado todos sus derechos, no hay una condena en su contra y lo han mantenido en prisión preventiva, abusando de esa figura, por más de dos años, y eso en sí también es una tortura”, dice José Carlos Zamora, hijo del periodista, en una conversación con Prensa Comunitaria.
José Carlos y su familia se dicen agradecidos por esos pequeños cambios, como las salidas más prolongadas a recibir la luz fuera de la celda en Mariscal Zavala, la cárcel en la que está su padre y donde han pasado otros perseguidos políticos por Giammattei, el MP de Porras y organizaciones paralegales de ultraderecha como la Fundación contra el Terrorismo (FCT). Pero, dice Zamora hijo, todo eso no oculta la verdad última: su papá sigue preso después de haber sido sometido a torturas físicas y sicológicas, como lo han dejado establecido relatores de la ONU, el Comité de Protección a Periodistas y Trial Watch entre otras organizaciones.
El pasado lunes 7 de octubre, Jose Rubén Zamora cumplió 800 días preso y, como ya había ocurrido en efemérides anteriores, decenas de sus colegas, gobiernos y organizaciones de protección a periodistas volvieron a exigir al Estado de Guatemala su liberación. El problema es que eso no depende del jefe del Estado de Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo, sino de un sistema judicial y de una fiscalía que han establecido una especie de cogobierno y que han hecho del de Zamora un caso emblema de la persecución a quienes han criticado o expuesto a gobernantes corruptos como Alejandro Giammattei.
De hecho, el del exdirector de elPeriódico es uno de los casos judiciales en que mejor se aprecian los dos ejes fundamentales en la historia judicial reciente de Guatemala: el de la protección del Ministerio Público a funcionarios señalados por corrupción y el de la consiguiente persecución política a quienes, como Zamora, han dejado al descubierto esa cloaca.
Antes de que lo detuvieran, en un operativo supervisado por el fiscal Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos como funcionario antidemocrático y corrupto, Zamora había publicado un amplio reportaje que revelaba los nexos entre el entonces presidente Giammattei y un consorcio de mineros rusos y kazajos que buscaban expandir su operación minera en el noreste de Guatemala. Esas investigaciones revelaron, por ejemplo, un supuesto soborno millonario que Giammattei recibió de los mineros.
Zamora y elPeriódico también pusieron al descubierto el poder de Miguel Martínez, uno de los colaboradores más íntimos de Giammattei, a quien Estados Unidos también ha sancionado por sospechas de corrupción.
Después de esas publicaciones, de la mano de Curruchiche y de la fiscal Cinthia Monterroso, también sancionada, el MP irrumpió en la casa de Jose Rubén Zamora, le montó un caso de supuesto lavado de dinero que no ha sido capaz de probar después de casi tres años de haberlo iniciado y por el que el periodista sigue preso.
“El caso es fabricado. Él no debería de haber estado ni un solo día en prisión, debían haberle permitido defenderse en libertad. Lo han tratado como que fuera un gran capo del crimen organizado desde que lo llegaron a traer a su casa con un gran show de fuerza”, dice José Carlos Zamora, quien no duda en mencionar el nombre de Alejandro Giammattei al mencionar al principal responsable de los crímenes que el Estado de Guatemala ha cometido en contra de su padre.
“Toda esta persecución vino directamente de Giammattei. Mi papá tenía 30 años de que lo estuviera acosando el Estado de diferentes formas, pero esta detención arbitraria fue por mandato de Giammattei”, insiste Zamora hijo.
La célula criminal en el MP
Alejandro Giammattei dejó de ser presidente en enero de este año, pero Consuelo Porras sigue ahí. Durante la campaña previa a la presidencial del año pasado y sus primeros meses como presidente de la república, Bernardo Arévalo, el sucesor de Giammattei, dejó clara su intención de utilizar su capital político para sacar a la fiscal general del cargo. La intención de Arévalo, sin embargo, no ha sido suficiente. Y no parece haber, por ahora, avenidas legales o políticas para acortar el periodo de Porras, programado a culminar en 2026.
En la permanencia de Porras ve José Carlos Zamora lo mismo que otros: la imposibilidad de que injusticias como las que atribuye al Estado de Guatemala en contra de su padre se reviertan. Y en la fiscal general han visto gobiernos del mundo amenazas al sistema de justicia y democracia guatemaltecos. Porras, dijo la Unión Europea en febrero de este año, “ha socavado” la democracia del país centroamericano, mientras en Washington el Departamento de Estado la calificó, tras sancionarla, de favorecer la corrupción.
A principios de este mes, cuando José Rubén Zamora estaba por cumplir 800 días preso, el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional publicó un informe que recopila todos los señalamientos hechos al MP de Porras. El documento recoge denuncias “de que la oficina obstruyó investigaciones de corrupción, utilizó el derecho penal como herramienta para perseguir a operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, e intentó subvertir la democracia”. Uno de los casos es el del exdirector de elPeriódico.
José Carlos Zamora entiende que la persecución que ha liderado Porras contra su padre no se va a detener, porque, dice, ella es parte de una “célula criminal” enquistada en el Estado guatemalteco que no tiene más remedio que permanecer en el poder para blindarse de futuros juicios por crímenes de todo tipo, incluidos los de lesa humanidad.
“Miguel Martínez y Alejandro Giammattei están totalmente protegidos por la fiscal general. Mientras ella esté ahí ellos están seguros. Ellos nunca se van a detener y van a intentar fortalecerse y continuar con lo que hace porque no tienen otra opción; no tienen otra salida más que estar ahí”, reflexiona.
La persecución criminal contra los críticos del grupo formado, entre otros, por Giammattei, Martínez y Porras es, considera José Carlos Zamora, una de las principales herramientas usadas por ellos para mantenerse en el poder, impedir cualquier acción política tendiente a neutralizarlos -como las que ha intentado emprender el presidente Bernardo Arévalo- y para mantener el control de la judicatura. “No solo tienen secuestrado a mi papá, tienen secuestrado al país”, sentencia el hijo de Zamora.
Una de las argucias legales que el MP de Porras ha utilizado para mantener preso a José Rubén Zamora es la extensión indefinida de la prisión preventiva a través de lo que el hijo del periodista llama “dilaciones maliciosas” para retrasar los procesos.
En realidad, las acusaciones iniciales contra José Rubén Zamora estaban incluidas en un solo expediente judicial, que luego, a través de varias estratagemas, fiscales y jueces dividieron en dos procesos distintos. En uno de esos procedimientos el periodista ya obtuvo resolución favorable para salir de la cárcel, pero como hay un segundo caso pendiente, él tiene que seguir en su celda de Mariscal Zavala. Hace unas semanas, además, en uno de los casos se reprogramó una audiencia para finales de 2025; si esa fecha se mantiene, Jose Rubén Zamora deberá seguir encerrado al menos hasta entonces.
José Carlos Zamora utiliza la palabra complejo para definir la situación política de su país, con un jefe de Estado que parece dispuesto a encarar al grupo que controla el judicial, pero que, por mandatos constitucionales parece atado de manos para deshacerse de ese grupo.
“Se entiende que el Ejecutivo es decente y quiere respetar la división de poderes, así debe de ser, pero eso los tiene a ellos en jaque porque no pueden hacer mucho. Y los corruptos en Guatemala descubrieron que la mejor herramienta que podían tener para perseguir a voces críticas es el Ministerio Público, la fiscal general y la FECI. Como ellos tienen el monopolio de la persecución penal persiguen a quien quieran, fabrican casos, y ves que se lo están haciendo al mismo Ejecutivo”, dice.
Pero el hijo de Jose Rubén Zamora también cree que el Ejecutivo pudiera ser más decisivo al utilizar otras herramientas legales.
“También creo que podrían tomar más acciones. Hay herramientas que el Ejecutivo puede utilizar para asegurarse que el Estado de Guatemala no viole derechos humanos, no torture, y que no haya dentro del Estado unidades o personas que cometan delitos de lesa humanidad. Se ha documentado que estas estructuras criminales existen dentro del Estado y que han cometido delitos de lesa humanidad. Es ahí donde el presidente como jefe del Estado puede tomar acciones en contra de quienes han cometido esos delitos”, cree José Carlos Zamora.
Para el próximo viernes 18 de octubre hay programadas audiencias en dos de los casos abiertos a Zamora. El plan del Ministerio Público de Consuelo Porras y Rafael Curruchiche parece claro: mantener en la cárcel al periodista que expuso a Alejandro Giammattei y al grupo del que él y los fiscales forman parte; ampliar la cuenta de sus días en prisión, que acaban de pasar la marca de los 800 días, a pesar de que, según todos los estándares internacionales, la de Jose Rubén Zamora es una detención arbitraria durante la que agentes del Estado de Guatemala han cometido actos de tortura.
